Ť De manera precipitada el Ministerio Público Federal envió el expediente a la reserva, dice

Admite PGR omisiones injustificadas en el caso de amenazas a Digna Ochoa

Ť Da parte a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos

JESUS ARANDA

A más de dos meses y medio de que Digna Ochoa y Plácido fue asesinada, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que el Ministerio Público Federal "incurrió en omisiones injustificadas" en la investigación de la denuncia que la abogada presentó el 26 de septiembre de 2000 por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo y amenazas.

Esta declaración adquiere relevancia en razón de que después del asesinato de la defensora de los derechos humanos diversas organizaciones no gubernamentales acusaron a la PGR de no haber actuado a tiempo para evitar el crimen, a pesar de la denuncia sobre amenazas que había interpuesto la propia Digna Ochoa y que fue finalmente rechazada.

Cuando la abogada fue asesinada meses después, no contaba con protección policiaca.

Ante la polémica desatada por la actuación de la PGR en la investigación de dichas amenazas, fuentes oficiales de la dependencia aseguraron que el archivo de las pesquisas data del 8 de noviembre de 2000, por lo que la responsabilidad de esas indagaciones correspondió a la administración de Jorge Madrazo.

"Cuando nosotros recibimos el oficio de la cancillería, en el que solicitaba información sobre nuevos datos -lo que motivó que se preguntara directamente a la abogada Ochoa sobre las medidas cautelares-, "lo único que hicimos fue preguntarle a ella si había nuevos elementos para agregar a la investigación, y como no hubo respuesta, entonces simplemente se mantuvo el caso en reserva", señalaron.

La dependencia que encabeza el general Rafael Macedo de la Concha había solicitado a la cancillería, en mayo del año pasado, información sobre las medidas cautelares y de protección que tenía Digna Ochoa, aunque la denuncia por amenazas se encontraba en la reserva, "pero abierta a la presentación de nuevas pruebas que sirvieran para reabrir el expediente".

De acuerdo con la PGR, nunca se presentaron nuevas pruebas y la indagatoria se mantuvo cerrada, hasta después de la muerte de la abogada.

La PGR indicó que luego de realizar una evaluación "técnico-jurídica" de dicha averiguación, y al descubrir omisiones, la Visitaduría General de la dependencia denunció el hecho ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para que determine la situación jurídica de cinco agentes del Ministerio Público, cinco agentes federales y dos directores generales de Control de Procedimientos Penales involucrados en los hechos.

En un comunicado de prensa, la procuraduría informó que como resultado de una evaluación a la averiguación previa 1206/ESPLE/2000, iniciada el 26 de septiembre de 2000 con motivo de los delitos de privación ilegal de la libertad, robo y amenazas en contra de Digna Ochoa, David de Jesús Fernández y Juan Salgado Ibarra, se advirtió que el Ministerio Público Federal incurrió en omisiones injustificadas.

Ahora, a casi tres meses de que ocurrió el asesinato de la abogada, la dependencia federal informó que en la averiguación sobre las amenazas se actuó "de manera precipitada" al determinar la reserva de la indagatoria en un tiempo muy corto, pues se trataba de un expediente de dos tomos.

Agrega que no se advirtió "justificación alguna" por parte del del Ministerio Público Federal que dictaminó la reserva hasta en tanto hubiera nuevos elementos de prueba, el 8 de noviembre de 2000.

La PGR aseguró que fue la Dirección General de Protección a los Derechos Humanos de la institución la que solicitó, el 18 de marzo del año pasado, el reingreso a trámite de la citada averiguación 1206/FESPLE/2000.

Sin embargo, de nueva cuenta, el Ministerio Público incurrió en los mismos actos "al no cumplir con eficiencia las obligaciones inherentes a su cargo", particularmente en lo que toca a la investigación del delito y del delincuente, y sólo se limitó a ordenar la intervención de la Policía Judicial Federal.

Además, agregó la dependencia, toleró "que la actuación de los elementos de dicha corporación también fuese deficiente, y lejos de exigirles que cumplieran con su obligación", acordó de nueva cuenta ubicar la denuncia en la reserva.

En razón de lo anterior, la Visitaduría General de la PGR dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Por su parte, la Subprocuraduría de Procedimientos Penales A, la Agencia Federal de Investigación y la Contraloría Interna de la PGR definen la responsabilidad administrativa de dos agentes del Ministerio Público Federal titulares y tres auxiliares, así como cinco agentes de la Policía Judicial Federal y dos directores generales de Procedimientos Penales.