Después de tres años de esfuerzos orientados a resolver mediante el diálogo y la negociación la guerra intestina más antigua de América, el gobierno de Andrés Pastrana y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no lograron superar los obstáculos tendidos por agentes internos y externos que, desde un principio, vieron con malos ojos la posibilidad de la paz en Colombia.

Iniciado el 7 de enero de 1999, en San Vicente del Caguán, el proceso de negociación resultó novedoso y esperanzador para América Latina y para el mundo. Desde su campaña electoral, el entonces candidato presidencial Pastrana ofreció que el sentido principal a su gobierno habría de ser la consecución de una paz anhelada y exigida por los estamentos mayoritarios de la desgarrada sociedad colombiana.

La desmilitarización de una zona de más de 40 mil kilómetros cuadrados (el equivalente al doble del territorio salvadoreño) a fin de otorgar a los guerrilleros garantías de seguridad y desplazamiento y generar, así, un clima propicio a la reconciliación y la superación de las diferencias, fue uno de los actos más audaces del mandatario.

Por desgracia, de entonces a la fecha, la negociación se vio expuesta a un desgaste cuya razón principal no fue la intransigencia de las partes --que la ha habido-- sino el accionar, descarado o encubierto, de los enemigos de la negociación: entre otros, los estamentos militares que ven la guerra como negocio, los sectores oligárquicos recalcitrantes a cualquier idea de transformación social, por modesta que ésta fuera, la embajada de Estados Unidos en Santafé de Bogotá --que en todo momento se ha opuesto a la firma de la paz entre el gobierno de Colombia y lo que Washington clasifica como una organización "narcoterrorista"--, así como segmentos intolerantes de la propia organización guerrillera que en no pocas ocasiones se han insubordinado a la comandancia máxima de las FARC para perpetrar acciones que torpedearon el proceso de paz.

Ciertamente, el gobierno de Pastrana carecía ya de margen político suficiente para firmar acuerdos concretos con la organización insurgente, toda vez que su mandato termina en agosto próximo; sin embargo, habría sido deseable que se mantuviera en la mesa de negociaciones y que legara al próximo presidente colombiano un impulso pacificador que ahora, tras el anuncio de anoche, habrá de ser generado de nuevo por quien resulte ser el sucesor de Pastrana en el Palacio de Nariño.

Por desgracia, lo que está en juego no es únicamente una pérdida de momento político, sino muchas vidas humanas. Es cierto que la guerra en Colombia no se detuvo mientras duraron las negociaciones, pero es indudable que, sin éstas, se intensificará.

El simple hecho de que el Ejército gubernamental pretendiera retomar el control de las poblaciones de la zona de despeje --amenaza implícita en el anuncio de Pastrana, quien dijo que los rebeldes habrían de abandonarla en un plazo de 48 horas-- implicaría, muy probablemente, un derramamiento de sangre. Cabe esperar, únicamente, que los mandos civiles y militares de Bogotá mantengan la serenidad indispensable para no cometer semejante imprudencia y dejarle al próximo gobierno una circunstancia no pacífica, pero menos exacerbada.