Señora directora: Este año parece lleno de sorpresas. Comenzó con el gran logro del Poder Legislativo al elaborar una reforma fiscal sin IVA en alimentos y medicinas. Con esto se consiguió recaudar más que lo que el Ejecutivo solicitó. Sin embargo, el 4 de enero me sorprendieron en una oficina de correos cuando quise mandar una carta a mis familiares en el extranjero. Hace una semana pagué 4.20 pesos por una carta de correo aéreo a Estados Unidos y hoy tuve que pagar 8.50 por el mismo servicio. ¿Por qué?

Investigando un poco me enteré de que casi todo el servicio postal subió 100 por ciento con "IVA incluido". Me pregunto sobre ¿quién es el responsable de esta decisión? Mientras los legisladores luchan en las cámaras por el pueblo, otro grupo político elabora este tipo de trampas. Suponemos que con este aumento el pueblo sigue obteniendo el mismo servicio y el gobierno recaudará ahora el doble en IVA. ¿Dónde está mencionada esta cifra en el presupuesto de este año?

Sabemos que el Servicio Postal Mexicano no ha aumentado costos desde hace algunos años; sin embargo, el aumento de 100 por ciento de golpe es algo criminal en contra del pueblo que necesita la correspondencia al exterior. Los empleados del Sepomex no van a recibir un aumento superior al 10 por ciento ¿o sí? Si el aumento fuera para el bien de los empleados y para mejorar el servicio no diría nada. Pero los sueldos son miserables comparados con los países desarrollados, donde el costo de los servicios es ahora similar.

El servicio es más que lamentable. Una carta enviada por correo aéreo a Estados Unidos o Canadá necesita entre dos y tres semanas. Puse una carta a principios de agosto en un buzón en la estación de autobuses TAPO con destino a Polanco y fue entregada en los últimos días de diciembre, o sea, necesité casi cinco meses para llegar a este destino.

Me pregunto si este gobierno quiere acabar con el servicio de correspondencia y mandar a la calle al personal del Sepomex. ¿Cómo pueden los padres mantener contacto con sus hijos que trabajan fuera del país cuando el incremento al salario mínimo es de 2 pesos y una carta a EU cuesta 8.50 pesos? Las llamadas telefónicas al extranjero son extremadamente caras y ahora se está limitando seriamente la correspondencia con el aumento de 100 por ciento, siendo que es la forma más accesible que tiene el pueblo para mantener contacto con sus seres queridos dentro y fuera del país.

¿Qué gobierno miope "cerca del pueblo" tenemos?

María Ortiz

Narran presos violación de garantías en San José

Señora directora: Con respecto a que no hubo violación de los derechos humanos en el operativo de San José, el 27 de julio de 2001, nosotros, los presos del Cereso 1, de Cerro Hueco, manifestamos lo siguiente:

Fuimos detenidas 69 personas, entre viejos, jóvenes y niños. Todos torturados y maltratados durante el operativo, rumbo a Tuxtla Gutiérrez y durante nuestras declaraciones. Lo curioso del asunto es que a todos aquellos que fueron golpeados y llegaron ensangrentados a Tuxtla les dieron trato preferencial y fueron los primeros liberados.

Ejemplo de ello son los compañeros Juan y Antonio Altunar Jiménez. Este último perdió por momentos la razón, ya que lo torturaron con clavos en la cabeza para que dijera dónde estaban los retenidos, pero él no sabía nada y teme por su vida y la de su familia. Fue amenazado cuando lo liberaron.

La liberación de los niños fue después de un constante hostigamiento, mediante tortura sicológica, para que declararan en contra de sus dirigentes, cosa que no hicieron, pues no sabían nada. Durante nuestra detención fuimos sacados de nuestras casas, las cuales destruyeron y saquearon. Para que declaráramos, dos fuimos subidos a helicópteros, donde nos amenazaban con lanzarnos al vacío si nos negábamos a declararnos culpables.

También nos pusieron bolsas de plástico en la cabeza y cuando estábamos a punto de asfixiarnos nos las quitaban y nos decían que si no nos declarábamos culpables nos matarían de esa forma. A otros nos dijeron que matarían a nuestras familias, las cuales, atemorizadas, lloraban cuando los policías de seguridad pública las amenazaban y apuntaban con sus armas.

Cuando veníamos de la comunidad hacia Tuxtla Gutiérrez, muchos estuvieron a punto de morir por asfixia; fuimos pisoteados por los elementos de Seguridad Pública, que se burlaban de nosotros. Cuando preguntaban si queríamos comida y refrescos, que habían robado de las tiendas, los tiraban y pasaban sobre nosotros como locos; estaban drogados, eso nos consta por el olor a mariguana que se despedía del carro.

Nuestras declaraciones ya estaban hechas; a algunos nos las leían y a otros nos decían que firmáramos y nuestros defensores de oficio nada hacían por protegernos. Por nuestros vecinos sabemos que en nuestras poblaciones hubo saqueo en tiendas. Al día siguiente una avioneta sobrevoló la comunidad de San José y lanzó gas lacrimógeno a una parte de la población.

Los presos: Silverio y Delidio Guzmán Alvarez, Silvestre Cruz Altunar, Manuel y Gerardo Méndez Méndez, Lázaro Martínez Hernández, Manuel Espinoza Sánchez, Camilo Altunar Jiménez, Enrique López Hernández y MOCRI-CNPA

Confirma ONG excesos  durante el operativo

Señora directora: El 2 de enero apareció en este diario una inserción pagada por el gobierno de Chiapas, donde, mediante un comunicado de prensa, da respuesta al informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas sobre el operativo policiaco efectuado el 27 de julio pasado en el ejido San José del municipio Marqués de Comillas, que pretendía rescatar a seis funcionarios secuestrados por miembros de la organización MOCRI. Al respecto, y como parte directamente afectada en dicho operativo, queremos hacer las siguientes precisiones:

1. En el referido comunicado se "rechaza cualquier imputación de violación de derechos humanos" y se reconoce que "otros integrantes de la comunidad ajenos a los hechos delictivos fueron afectados con daños materiales". Por ello, cabe aclarar que de los 69 detenidos, 36 son compañeros nuestros de la Coordinadora Regional Marqués de Comillas y seis son bases de apoyo del EZLN, y como quedó demostrado, ninguno de ellos tuvo algo que ver en el citado secuestro ni tienen vínculo alguno con MOCRI.

Sin embargo, fueron violenta y arbitrariamente privados de su libertad, y al igual que al resto de los detenidos, se les golpeó, se les trasladó de modo inhumano y se les torturó. Además de las mujeres, ancianos y menores que fueron agredidos física y verbalmente durante el operativo, más de 80 mujeres huyeron aterradas con sus hijos a la montaña y a comunidades vecinas. Esto es, a todas luces, una flagrante violación a los derechos fundamentales de toda la población.

2. El gobierno estatal señala que los daños materiales reclamados por la comunidad son "instrumentos de labranza y ropa principalmente" y que el monto total estimado asciende a 48 mil 490 pesos. Al respecto, recordamos que las denuncias hechas indican que 81 de 90 casas de la comunidad fueron brutalmente allanadas: más de una veintena sufrieron destrucción parcial, en casi la mitad de ellas se destruyó ropa, papeles de todo tipo, radiograbadoras, instrumentos de trabajo, enseres domésticos y comida, y fue generalizado el robo de dinero, identificaciones personales, actas de nacimiento y tiendas particulares y colectivas.

No olvidamos tampoco que en la rapiña fueron robados un radio de comunicación y un aparato de telefonía rural de la comunidad, lo que provoca que el ejido San José, uno de los tres más aislados de la región, siga totalmente incomunicado.

3. La comunidad presentó al gobierno estatal, por escrito, una relación de daños que asciende a 423 mil pesos, cifra casi diez veces mayor a la que señala el comunicado oficial, y que aún no ha sido cubierta por los responsables del agravio.

4. En su comunicado, "el gobierno del estado rechaza... aquellas acusaciones sin fundamento alguno de prácticas ilegales de torturas". Quizá para las autoridades estatales los peritajes médicos que reportaron 68 lesiones ?entre fracturas, heridas múltiples y hospitalizaciones? no signifiquen "prácticas ilegales de tortura", pero para los habitantes de San José y quienes luchamos por un cambio que sí sea real, estas acciones hablan por sí solas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas es una institución que ha sabido construir, con base en la seriedad y el trabajo, una limpia trayectoria que goza del máximo reconocimiento y credibilidad no sólo a nivel local, sino nacional e internacional. Un informe como el emitido por este centro es sin duda un documento serio, debidamente sustentado y documentado. De los deplorables hechos ocurridos, hubo no sólo decenas de testimonios de la población afectada, sino de tres brigadas de observación que pudimos atestiguar la violencia y arbitrariedad policiaca.

Los cuerpos policiacos en Chiapas no han sido debidamente depurados y permanecen vigentes en ellos muchos de los vicios tradicionales. La paz no se logrará jamás mientras no se haga justicia. En este sentido, en lo correspondiente a los cuerpos de "seguridad", al igual que en el de los detestables grupos paramilitares, son asuntos que aún siguen pendientes.

Parejo S'cotol, Jolom Mayaetik, coordinadoras regionales en Chiapas de la sociedad civil en resistencia, Marisa Kramsky E. y Daniel Luna A.