Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 3 de enero de 2002
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Mundo
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¤ Euskadi no se siente representado por Madrid en la Unión Europea, afirma

Pagará el País Vasco al Estado español 220 millones de dólares menos de los exigidos

¤ No aceptará imposiciones en la renovación del Concierto Autonómico, advierte Ibarretxe

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 2 de enero. El presidente del País Vasco, Juan José Ibarretxe, flanqueado por todos los miembros de su gabinete, anunció este miércoles en una declaración institucional que su gobierno pagará como concepto de cupo al Estado 220 millones de dólares menos de los exigidos por Madrid, al tiempo que advirtió que no aceptará "imposiciones" en la negociación de la renovación del Concierto Autonómico, el meollo de la nueva crisis institucional abierta entre Euskadi y Madrid.

Se trata del más grave enfrentamiento institucional entre el gobierno vasco y la administración española del presidente José María Aznar desde las elecciones del 13 de mayo del año pasado, y un ejemplo claro del grado de crispación existente entre el mandatario español y los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno regional).

La situación política en el País Vasco co-menzó el año como lo terminó, con un conflicto político, y una vez resuelta la aprobación de los presupuestos en el Parlamento vasco -después de seis sesiones consecutivas boicoteadas por los partidos Popular, Batasuna y Socialista de Euskadi- finalmente se aprobó el 31 de diciembre.

Pero en lo referente a la negociación del Concierto Autonómico entre el ministro de Economía español, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del País Vasco, Idoia Zenarruzabeitia, después de varias semanas de intensas conversaciones no se llegó a acuerdo para la renovación de este acuerdo quinquenal, con lo que entró en vigor una "prórroga" del de 1996, lo que provocó una ruptura del diálogo.

Posteriormente Ibarretxe anunció que el País Vasco no pagaría "ni un euro más" al Estado español de los 900 millones de dólares que según sus cuentas les corresponde, cifra que Montoro afirma que debe ser de mil 145 millones.

Ibarretxe anunció que "no dará marcha atrás" en esta decisión hasta que haya un acuerdo sobre el concierto económico "sin imposiciones", y añadió que su administración "se reserva el derecho de asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues el País Vasco no se siente representado por el gobierno del presidente Aznar en los consejos de ministros de la Unión Europea en los que se traten cuestiones que afecten el aspecto económico".

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, señaló por su parte que "nosotros entendemos que desde el martes pasado el Concierto Autonómico no tiene soporte jurídico y, por lo tanto, está en un vacío legal, que es lo que ellos querían evitar a toda costa acudiendo a una prórroga unilateral a falta de acuerdo".

Para el líder nacionalista esto significa que "vivimos en la ficción y la estrategia que se nos presenta, desde luego, es de ataque y, por tanto, de defensa y contrataque" con Madrid.

Montoro respondió al gobierno vasco que la prórroga del Concierto Autonómico está recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobada en el Parlamento y, por lo tanto, el monto del dinero "no es negociable".

Agregó el funcionario que las declaraciones de Ibarretxe eran "una pose política" y "carentes de contenido".

Montoro también advirtió que "el gobierno español no va a discutir en el seno de una comisión bilateral la representación ni de Euskadi ni de ninguna comunidad autónoma, porque esa no es una cuestión de bilateralidad".

Entre tanto, la coalición abertzale Batasuna (antes Herri Batasuna, considerada bra-zo político de la organización armada ETA) se mostró dispuesta a propiciar "un debate serio y profundo en torno a todos los derechos en 2002, para volver a ser percibidos por la sociedad vasca como un agente activo, como referencia indiscutible en la búsqueda de la paz y de la distensión política" en el Euskadi.

El líder y vocero de la coalición, Arnaldo Otegi, señaló que para la "resolución del conflicto se necesita un debate en profundidad sobre los derechos humanos".

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