Incapacidad de pactar

Tener un gobierno dividido, como el que existe actualmente en el país, tiene entre sus aspectos positivos el incremento de la capacidad de fiscalización y su papel de contrapeso, pero también puntos negativos, como la incapacidad para pactar y los peligros de la parálisis, lo cual genera altos costos para el país. Salimos de un régimen en el que el Presidente tenía mayoría en el Poder Legislativo y las decisiones más importantes se tomaban en Los Pinos y sólo se tramitaban en San Lázaro, a otro régimen que se encuentra en construcción, con un presidente sin mayoría y un Congreso sin capacidad de pactar.

El publicitado acuerdo nacional, que se firmó el día que comenzó la guerra en Afganistán, anunció una carta de buenas intenciones con las que ninguna fuerza política podía estar en desacuerdo públicamente, y desde entonces se ha venido comprobando el problema básico de este tipo de documentos: nadie se compromete a nada; no hay ningún pacto. El Congreso sigue discutiendo la reforma fiscal y el presupuesto, mientras el país espera. Ya terminó el periodo ordinario de sesiones y ahora empezará un periodo extraordinario (del 18 al 31 de diciembre). La agenda legislativa se mantiene abultada; en los últimos días del periodo ordinario se llegaron a agendar para un solo día 108 asuntos y al final sólo se vieron unos cuantos. La lógica de los partidos en su versión legislativa muestra cotidianamente que ningún tema importante está pactado, que la transición mexicana es un proceso incierto y sometido a los cálculos particulares de cada fuerza política.

Al mismo tiempo, todos los días escuchamos del gobierno federal la misma canción: los recursos no alcanzan, no se pueden enfrentar los compromisos, salvo que haya reforma fiscal. Los interlocutores del gobierno federal, gobernadores y alcaldes, reclaman mayores ingresos y se oponen a los recortes que ya se han hecho ante la baja del precio del petróleo. Los sectores productivos se ven amenazados por un incremento fiscal (refrescos, cigarros, telefonía celular, etcétera), argumentan que sería casi la ruina de su sector y suplican que no les suban los impuestos. Todos los niveles de gobierno quieren más recursos, los empresarios se resisten a los aumentos tributarios, los sectores sociales rechazan pagar más; los partidos que hoy son de oposición rechazan el IVA en fármacos y alimentos, punto sustantivo de la reforma foxista, y el partido en el gobierno defiende, avanza, retrocede, pero no ha podido sacar adelante una negociación eficaz. En síntesis, la paradoja está clara: todos quieren más, pero nadie está dispuesto a pagar para ello.

Con este panorama las virtudes del gobierno dividido se vuelven frágiles. La incapacidad de pactar tiene, quizá, múltiples raíces, pero tal vez la más importante es que el proyecto de país y de gobierno está subordinado a las luchas de poder y a los intereses partidistas de corto plazo. Es un problema de las democracias incipientes, y se puede ver desde dos perspectivas analíticas: como un proceso en el que las tradiciones autoritarias empiezan a despedirse, pero la cultura democrática todavía no está arraigada y, al mismo tiempo, como un conjunto de instituciones y de reglas que no posibilitan los acuerdos. Tenemos un gobierno dividido, pero faltan los incentivos para pactar, porque las reformas se ven en función de los cortos horizontes partidistas, en los que lo mejor es no consensuar porque el otro se puede beneficiar. Tenemos división de poderes, pero todavía no existen las reformas que los hagan eficientes y con capacidad de colaboración.

El país está lejos de contar con un Congreso profesional que responda a los intereses de los ciudadanos. Aunque se habla de un Congreso más productivo (hoy aprueba más leyes que antes), la realidad es que se pacta lo que no toca los grandes problemas nacionales. Frecuentemente se mira al Presidente como un motivo de desencanto y de incumplimiento, pero tendríamos que mirar más de cerca al Congreso que durante este primer año de alternancia difícilmente superaría la prueba del gobierno dividido. Se trata de un poder que ha sido excesivamente resistente a la crítica; que considera que no le tiene que rendir cuentas a nadie y que puede parar los proyectos del Ejecutivo sin tener que pagar nada a cambio. Quizá pronto llegue la relección al Poder Legislativo y entonces los diputados tendrán que salir a escuchar a su electorado porque de ello dependerá su relección; tal vez entonces el Congreso empiece a profesionalizarse, tenga más incentivos para pactar y menos para seguir sólo líneas partidistas.

Por lo pronto, el país seguirá siendo rehén de la incapacidad de pactar del Congreso. Veremos en los próximos días cuál es la suerte que corren el presupuesto y la reforma fiscal...