MIERCOLES Ť 12 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Adeuda $2 millones del proyecto de construcción del templo en honor a Juan Diego

Demandan al Centro de Estudios Guadalupanos

Ť Representante legal de la empresa afectada reclama la intervención del nuncio apostólico

JOSE ANTONIO ROMAN

Por incumplimiento de contrato, el Centro de Estudios Guadalupanos (CEG) -institución ligada a la Arquidiócesis de México y que fuera la impulsora de la beatificación de Juan Diego- enfrenta una demanda interpuesta por la empresa Arquitectura a la Vanguardia, ante la constante negativa de pagar un adeudo de 2 millones de pesos.

El adeudo es por la elaboración de la primera parte del proyecto ejecutivo de la nueva basílica dedicada a Juan Diego, denominado Monumento santuario a la mexicanidad, complejo religioso que pretende ser construido por la arquidiócesis en la cima del cerro de Zacahuitzco, que se encuentra atrás de lo que actualmente es el conjunto del templo del Tepeyac, que junto con éste pretende convertirse en un complejo turístico-religioso.

Los ambiciosos planes de la Iglesia católica contemplan, entre muchas otras cosas para este complejo con visión turística, la construcción de un funicular que una la Basílica de Guadalupe con el nuevo templo a Juan Diego.

Sin embargo, el CEG enfrenta la demanda 0864/2001 interpuesta por la empresa en el juzgado 13 de lo ordinario civil, y muy probablemente, en un futuro, una querella penal por las mismos hechos, pues la negativa a pagar ha sido constante por parte de las autoridades eclesiásticas.

Hay que precisar que el contrato, suscrito en enero pasado por el entonces presidente del CEG, monseñor Enrique Salazar Salazar, contempla que el costo de todo el proyecto ejecutivo del complejo ascienda a casi 10 millones de pesos.

Para que el proyecto fuera adjudicado a la empresa Arquitectura a la Vanguardia, monseñor Salazar pidió a los directivos una "donación" de 100 mil pesos, monto que fue entregado a los representantes del centro guadalupano y que en las actuales circunstancias tampoco ha sido recuperado.

Además, de manera sorprendente -porque el contrato se firmó desde enero pasado- el arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, hasta hace unos meses dijo que desconocía que las 13 hectáreas del cerro de Zacahuitzco no pertenecían a la Iglesia católica, por lo que se dijo "engañado" por el presidente del centro guadalupano.

Cuando menos esta fue la versión que dio el prelado para relevar a monseñor Salazar no sólo del comité encargado de la edificación del inmueble, sino también del CEG, el cual presidía desde 1976, cuando retomó la causa de beatificación de Juan Diego, que finalmente fue declarado beato por el papa Juan Pablo II el 6 de mayo de 1990.

Lo cierto es que ni el cardenal Rivera ni las autoridades de la Basílica de Guadalupe han hecho algo para que el CEG pague sus adeudos con la empresa que contrató a principios de enero y que, según consta en diversas minutas, entregó el diseño conceptual, la maqueta volumétrica y los planos en tiempo y forma pactados en el contrato, el cual fue avalado por el notario público 53, Rodrigo Orozco Pérez.

Incluso el 6 de abril pasado directivos y arquitectos de la empresa demandante presentaron al cardenal Rivera, en sus oficinas del arzobispado, donde también estuvo el rector de la Basílica de Guadalupe, Diego Monroy Ponce, los avances y los puntos más relevantes de la primera etapa del proyecto ejecutivo para la construcción del nuevo templo.

La minuta de dicha reunión, de la cual tiene copia La Jornada, está suscrito por el cardenal Rivera -quien por cierto dio el visto bueno-, el rector Diego Monroy y el entonces presidente del CEG, Salazar Salazar, así como de René Chico Méndez, "enlace único" entre el gobierno del Distrito Federal y las autoridades eclesiásticas.

El proyecto ejecutivo también fue presentado a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a la Secretaría del Medio Ambiente y a la secretaría general del Gobierno capitalino, así como a otras instancias y especialistas en diversas áreas, con el propósito de que aportaran sus recomendaciones y de esta forma enriquecerlo.

Hace unos días, el 28 de noviembre, ante las constantes negativas de las autoridades eclesiásticas para cubrir sus adeudos, la representante legal de la empresa, Erika Aguilar Urrutia, enteró al nuncio apostólico Giuseppe Bertello de todo lo sucedido, a través de una misiva en la cual solicita su intervención para resolver el problema de la mejor manera.

En ella se señala que la empresa fue "despojada del proyecto arbitrariamente", sin que las instancias de la Iglesia católica cumplieran sus compromisos ni finiquitado sus adeudos. Incluso se menciona que el cardenal Rivera designó a monseñor Gontrán L. Galindo como nuevo responsable directo de la construcción del santuario, y que el proyecto "ya fue entregado a otras empresas".

Y agrega: "lo único que solicitamos es que nos paguen lo que concierne a la primera etapa (del proyecto ejecutivo) ya terminada y entregada, pero la poca disposición y la actitud que han tomado no me dejan otro camino que el que yo quería evitar, como es el actuar por la vía legal, en lo cual ya trabajan los abogados para fincar la correspondiente responsabilidad a cada instancia, y el escándalo público afectará también la imagen del cardenal, de la Arquidiócesis de México y sobre todo al proyecto".