El informe presentado ayer por Amnistía Internacional (AI) sobre el hostigamiento de que son objeto los activistas de derechos humanos en nuestro país -y del que el reciente asesinato de la abogada Digna Ochoa es una situación extrema, pero no aislada- constituye una grave reprobación para el Estado mexicano en esta materia central de la convivencia social contemporánea. Los 35 casos presentados por el organismo humanitario internacional, ocurridos en el último lustro, y que a decir de Kerrie Howard, coordinadora del programa de AI para defensores de derechos humanos, son sólo una pequeña porción de las agresiones registradas, no sólo denotan la existencia de una violación sistemática de tales derechos, sino también la persistencia de ámbitos interesados en acallar las denuncias y en preservar a toda costa su impunidad.

Pese a la insistencia, en el discurso oficial, en señalar un supuesto interés en el tema de los derechos humanos -hace apenas un mes, ante la Asamblea General de la ONU, lo manifestó así el propio presidente Vicente Fox-, los hechos indican que en lo que va del presente gobierno las tendencias en materia de violaciones a las garantías individuales no han variado en forma significativa en relación con los últimos sexenios del priísmo. Así lo evidencian, entre otros datos, el homicidio de Digna Ochoa, la permanencia en prisión del general José Francisco Gallardo o las recientes denuncias sobre la persistencia, en Chiapas, de esta clase de agravios.

Un suceso revelador del escaso interés gubernamental en el tema fue el reciente error ocurrido en la Procuraduría General de la República (PGR), institución que decidió iniciar sus pesquisas sobre los desaparecidos en la guerra sucia de los años setenta y ochenta enviando un citatorio a los propios desaparecidos, acción ofensiva, absurda y estúpida que, en un primer momento, fue defendida y justificada por el secretario de Gobernación, Santiago Creel, como "parte de un procedimiento". Ayer, después de retractarse y ofrecer disculpas a los agraviados -los familiares de los desaparecidos, quienes recibieron los citatorios-, y ante la indignación ciudadana generada, la PGR anunció el cese de Jaime Hernández, el agente del Ministerio Público que cometió el desatino. Con todo, el despido de ese empleado deja la sensación de que hay más preocupación por ofrecer a la opinión pública un chivo expiatorio, que por comprometer al conjunto de la administración pública en la defensa activa de los derechos humanos, y que la inquietud del gobierno de Fox en la materia, si hay alguna, es de orden mediático y de imagen externa. Ojalá que esta percepción se revele errónea y que los actos gubernamentales así lo demuestren.