Ť Utilizaba una compañía de autobuses para trasladar a los indocumentados

Desmantelan banda de polleros que operaba en EU

Ť Detienen a más de 30 personas, incluidos accionistas y gerentes de Golden State

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Washington, 10 de diciembre. El procurador de Justicia de Estados Unidos, John Ashcroft, informó hoy del desmantelamiento de un grupo que operaba una red de autobuses que se dedicaba a transportar indocumentados a territorio de este país. "Estimamos que la compañía Golden State, con sede en California, trasladaba entre 50 y 300 personas diariamente a diversos destinos", dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Ashcroft agregó que el enjuiciamiento de la red criminal constituye el "mayor caso de tráfico de migrantes" que se presenta contra una empresa de transporte comercial estadunidense.

Destacó que más de 30 individuos, incluyendo accionistas, gerentes y empleados de Golden State, fueron detenidos en el marco de la investigación denominada operación Great Basin, en la que participaron más de 300 agentes de varios estados.

Explicó que las investigaciones fueron iniciadas por agentes fronterizos en Arizona en 1999.

"Los ataques terroristas del pasado 11 de septiembre recuerdan a los estadunidenses de la manera más dolorosa que necesitamos defender nuestras fronteras, al tiempo que las mantenemos abiertas a gente de paz y de bien", señaló.

Por su parte Jim Zigler, comisionado del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), precisó que Golden State es la principal compañía de transporte comercial estadunidense que ha sido desmantelada por autoridades del país hasta ahora.

Zigler añadió que aparentemente la línea de autobuses tenía acuerdos con redes de traficantes de personas para transportar a los indocumentados a diversos destinos en el interior del país.

Los indocumentados compraban boletos para viajar en las unidades de Golden State bajo nombres falsos antes de llegar a Estados Unidos, con ayuda de traficantes de personas.

Al preguntársele sobre el hecho que la gran mayoría de los arrestados en el operativo contra la red delictiva son hispanos, Zigler rechazó que la acción estuviera dirigida contra personas de ese origen.

"Lo que hicimos fue perseguir criminales, sin importar su raza", señaló.

De acuerdo con el auto acusatorio que presentó la Procuraduría de Justicia de Arizona, la acción se realizó contra la empresa Golden State y más de 30 de sus empleados y accionistas, que operaban en California, Nuevo México, Colorado, Texas, Washington y Arizona.

La línea de transporte, que tenía su centro de operaciones en Los Angeles y desde ahí sus unidades se desplazaban a diversas regiones, colaboraba con bandas de tráfico de migrantes, entre ellas las de Los Castillo y la de Los Pineda.

Entre los 39 cargos que enfrentan los acusados están el tráfico de personas con objeto de obtener beneficio monetario, así como ayudar a trasladarse a indocumentados a pesar de saber que estaban ilegalmente en el país.

Entre los implicados se encuentra Francisco González, uno de los principales accionistas de Golden State y vicepresidente de la compañía.

Asimismo fueron identificados como "traficantes de personas" que trabajan para Golden State y las organización de traficantes de personas de Los Pineda: Cipriano Pineda, Alfonso García, Juan García y Ubaldo Fuentes.

Otros polleros detenidos que prestaban sus servicios a la línea de autobuses y a la organización criminal de Los Castillo son Cipriano Castillo, Graciano Castillo, Hilario Castillo, Juan Castillo, Alejandro Hernández, Mónico Jesús Ramírez, Raymond Mendibles y Carlos Santos.

Entre los inculpados de participar en el esquema ilícito se encuentran también los gerentes o asesores de Golden State, Alicia Guerrier, Edwin Patterson, Sergio Silva y Reilly Taitte.

Golden State comenzó sus operaciones en 1989, pero al parecer comenzó a incurrir en prácticas ilícitas a partir de 1996.

La empresa de autobuses brindaba también servicos a ciudades fronterizas mexicanas y combinaba sus actividas ilícitas con legítimas de transportación.

La fiscalía federal de Arizona obtuvo una orden judicial que prohibió a la compañía vender o deshacerse de sus bienes y propiedades, incluyendo vehículos, mientras se mantengan las investigaciones.