Ť No operarán en relación con sucesos anteriores, como la guerra sucia, Acteal o Aguas Blancas

Aprueba el Senado convenciones internacionales para castigar violaciones a derechos humanos

Ť Es una clara muestra de las resistencias a la revisión del pasado: legisladores del PRD

ANDREA BECERRIL

En una clara muestra de las ''resistencias a la revisión del pasado'', como señaló en tribuna el perredista Rutilio Escandón, el Senado de la República aprobó cinco instrumentos internacionales, entre ellos la Convención para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, pero sin que operen en relación con sucesos anteriores, como la guerra sucia de los setenta y dejando a salvo a integrantes de las fuerzas armadas, bajo el argumento de que la Constitución ''reconoce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio''.

El PRD, a través los senadores Rutilio Escandón y Ricardo Gerardo Higuera, advirtió que no hay un compromiso real del gobierno federal en materia de respeto y protección de los derechos humanos, y la ratificación, con reservas, de esos instrumentos internacionales en la materia, es parte del discurso y la retórica de Vicente Fox.

Pese a sus objeciones, la fracción perredista aprobó conjuntamente con priístas y panistas los cinco convenios, que datan -algunos de ellos- de 30 años atrás.

El PRD advirtió, a través de Higuera, que el hecho de que la imprescriptibilidad sólo opere a raíz de su entrada en vigor, ''no exime al gobierno del presidente Fox de esclarecer las desapariciones de ciudadanos mexicanos llevadas a cabo durante las décadas de los sesenta, setenta, ochenta y noventa, y más recientemente la muerte de la abogada Digna Ochoa''.

Los senadores del PRI y del PAN avalaron la aprobación de las dos convenciones, lo que incluso consideraron un logro. Por lo que se refiere a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, el Senado aprobó la ''declaración interpretativa, que el gobierno foxista propuso a ese instrumento adoptado por la ONU el 26 de noviembre de 1968, para que ''se entienda'' que únicamente considerará no prescriptibles las desapariciones forzadas de personas y otros delitos -como el genocidio, contemplado en ese convenio- "cometidos con posterioridad a su entrada en vigor para México''.

Ello significa que no serán imprescriptibles los delitos referidos a la masacre estudiantil del 2 de octubre, las matanzas de Aguas Blancas, de Acteal, y tal actitud ''contrasta con la retórica gubernamental'', advirtió el perredista Rutilio Escandón.

En contraparte el PAN, a través del senador Víctor Manuel Torres, lo avaló: ''Celebramos la declaración interpretativa que el Estado mexicano le añade a la firma de este instrumento'', toda vez que se basa en ''el principio de la no retroactividad de las leyes, consagrado en el artículo 14 de la Constitución''. El panista consideró que ello ''es un ejemplo claro del espíritu conciliador y del sentido de justicia del Ejecutivo mexicano''.

Otro instrumento internacional ayer ratificado fue la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por el que el gobierno mexicano ''se suma a la tendencia de la sociedad internacional'' de fortalecer la protección a los derechos humanos, preservar la libertad física de los ciudadanos evitando detenciones ilegales, ocultamiento y prisiones arbitrarias, pero dejó fuera un elemento central, al reservarse el artículo IX.

En el mismo, esa Convención, adoptada por la ONU en 1994, precisa que ''los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con excepción de toda jurisdicción especial, en particular la militar''.

Ese artículo IX establece que ''los hechos constitutivos de desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares. No se admitirán privilegios, inmunidades ni dispensas especiales en tales procesos, sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas''.

El Senado avaló la reserva de ese artículo IX, y aceptó el argumento del gobierno foxista en el sentido de que ''la Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio'', y que además ''el fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la Convención''.