Ť Proponen crear una comisión de la verdad dotada de amplias facultades legales

La fiscalía sobre desaparecidos "nació muerta", señalan familiares de las víctimas y ex guerrilleros

Ť Critican el informe de la CNDH porque no garantiza el inicio de la acción penal

BLANCHE PETRICH

Un grupo de familiares de desaparecidos y ex militantes de organizaciones armadas ya disueltas concluyeron ayer que la Fiscalía Especial para la Investigación de Desapariciones Forzosas -aún sin un titular designado- "nació muerta". Insistieron en la vía de crear una comisión de la verdad que cuente con "todas las facultades legales otorgadas" a la citada fiscalía.

Convocados por la fracción del PRD en la Cámara de Diputados y algunas organizaciones no gubernamentales, una veintena de personas asistieron al palacio legislativo de San Lázaro a un encuentro por la presentación de los desaparecidos y el fin de la impunidad.

Entre otros participó Aléida Gallangos, una joven que hasta hace cuatro meses creía llamarse Luz Elba Gorostiola, hija "desaparecida" de dos guerrilleros, Carmen Vargas y Roberto Gallangos, detenidos en junio de 1975. Puesta a salvo en una balacera -aún no esclarecida- por otro militante de la L-23, Carlos Gorostiola, cuando tenía dos años, fue entregada, sin mayor información, a un hermano. Gorostiola fue muerto en 1976. "Y el hilo de mi historia se cortó", dijo Aléida en su presentación.

Fue criada en el seno de la familia Gorostiola-Herrera como una hija más. Ahora sabe que sus padres son desaparecidos políticos, lo mismo que otro tío suyo, Francisco Gallangos, y su compañera, Delia Morales. Y que su hermano, dos años mayor que ella, herido en una pierna hace 26 años, fue a dar primero al IMAN y después a una casa cuna. "¿Dónde está mi hermano?", se pregunta. "¿Dónde están los demás niños de entonces, hijos de tantos desaparecidos?". Su familia y los convocantes al encuentro pusieron ayer mismo en marcha una campaña para la localización de Lucio Antonio Gallangos, quien hoy tiene 30 años y quizá desconozca su verdadera identidad.

Otro de los testimonios fue el de Jesús Ochoa y Plácido, hermano mayor de la abogada asesinada Digna Ochoa. "Vemos cómo se abren los archivos del pasado. Exigimos que del mismo modo se abran los archivos del presente", dijo. Denunció que la familia Ochoa Plácido solicitó la coadyuvancia del Centro de Información de Seguridad Nacional (Cisen) y de la Procuraduría General de la República (PGR), "y en respuesta sólo entregaron a la agencia investigadora documentos rasurados y recortes de periódicos".

Más lo que omite que lo que dice

David Cilia Olmos, ex militante de la Liga 23 de Septiembre, hizo un análisis del "informe Soberanes" sobre las desapariciones forzosas. Este, dijo, "es más relevante y revelador por lo que omite que por lo que contiene". Actualmente miembro de la organización de derechos humanos Yax kin, Cilia analizó que a lo largo de 11 años, dos meses y seis días la CNDH sólo dedicó 46 días a elaborar el informe. Señaló que desde septiembre de 1990 hasta agosto de 2001 los sucesivos funcionarios de la CNDH giraron 18 mil "oficios" en los que prácticamente indagaban en distintas instancias "si de casualidad tenían por ahí algún desaparecido".

Durante 37 días, añadió, entre el 6 de agosto y el 12 de septiembre, los visitadores de la CNDH consultaron 532 fichas de un total de 80 millones de tarjetas existentes. Es decir, se consultaron 6.6 tarjetas por cada millón existente. En esas cinco semanas leyeron 113 páginas por día, de las 41 mil páginas que integran los 150 expedientes. El trabajo en el Archivo General de la Nación abarcó 14 días durante los cuales de consultaron 13 cajas por día, de las 3,308, sólo 5.5 por ciento del total de la documentación.

En el encuentro se acordó considerar que el "informe Soberanes" no conduce a conocer el paradero de los desaparecidos ni garantiza el inicio de acciones penales en contra de los responsables. Se acordó, entre otras medidas, demandar que la Contraloría de la Federación realice una auditoría a los sucesivos titulares de la CNDH, Jorge Carpizo, Jorge Madrazo y Mireille Rocatti. Asimismo, que se inicie acción penal en contra de Luis Echeverría y José López Portillo por responsabilidad en crímenes, y contra Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo por encubrir a los autores materiales de a desaparición de personas.

Hirales: "el hambre y las ganas de comer"

Por su parte, otro ex miembro de la L-23 que posteriormente fue asesor del gobierno de Ernesto Zedillo, Gustavo Hirales, respondió a las críticas que se formularon al "informe Soberanes": "La CNDH no pudo llegar más alto porque no puede especular", dijo a este diario. Reconoció que la comisión, con la que colaboró en la elaboración de algunos de los casos que se presentan y en la redacción del capítulo que se refiere al entorno histórico, "ni siquiera se plantearon" acudir en administraciones anteriores a consultar los archivos del Cisen. "Hay que recordar que en tiempos del secretario de Gobernación Patrocinio González Blanco se dijo que esos archivos estaban sellados. Y que la propia CNDH pasó por un periodo de letargo. Buscar esa información era algo considerado fuera de razón."

Para Hirales, "con la alternancia, la nueva autonomía de la comisión y el renovado auge de las demandas por los desaparecidos se juntaron el hambre y las ganas de comer", señaló.

Ex miembro de la Liga 23 de Septiembre, preso político en los años setenta, el sinaloense fue asesor de la comisión gubernamental en los diálogos de San Andrés Larráinzar, asesor de Adolfo Orive en la Secretaría de Gobernación y también participó en un grupo de asesoría contrainsurgente de la presidencia de Ernesto Zedillo, después del surgimiento del EPR, en l997. Hoy planea que en los archivos de las corporaciones represivas "ya no se puede desentrañar mucho más" de lo que se sabe. "Lo que ahora hace falta es que entre el Ministerio Público, el único legalmente facultado para dar más pasos. Es de las cabezas que quedan de quienes puede salir el resto de la información", concluyó.