El gobierno federal anunció ayer la creación de la Coordinación General del Plan Puebla-Panamá y de un consejo consultivo para esa instancia. Así inicia la formalización de una promesa formulada por el presidente Vicente Fox en su toma de posesión que no ha sido suficientemente comprendida --ni explicada-- por la sociedad y que ha suscitado reacciones negativas de diversa índole.

Sería improcedente poner en tela de juicio los buenos propósitos que fundamentan al PPP: el impulso al desarrollo sustentable en el sur de México y la coordinación de estrategias internas con una política exterior orientada a la cooperación y a la integración son, ciertamente, plausibles.

Sin embargo, el PPP ha generado temores y rechazos de distintos sectores políticos y sociales en las entidades consideradas en el plan; el más destacado de estos rechazos ha sido, sin duda, el expresado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual ha calificado al PPP como una coartada para uncir a las comunidades indígenas de la región a una globalización neoliberal y uniformadora.

Desde la perspectiva de la política exterior se critica que el plan mencionado parte de una concepción errónea y peligrosa al pretender dar un trato semejante a entidades integrantes del pacto federal mexicano y a naciones soberanas e independientes, como lo son las centroamericanas; que trastoca, en consecuencia, el ámbito de la política interna y el de las relaciones internacionales, y que podría percibirse, en ese sentido, como tutelar e incluso injerencista.

En esa lógica lo deseable sería el establecimiento de dos programas, uno dirigido al sur y sureste del país, y otro al ámbito centroamericano, ambos coordinados e intercomunicados, pero operados desde instancias gubernamentales distintas: la Secretaría de Gobernación (con el apoyo, si se quiere, de las de Hacienda, Desarrollo Social y Contraloría) para el primero, y la de Relaciones Exteriores para el segundo.

Es claro, en todo caso, que en la presentación y promoción del Plan Puebla-Panamá se ha incurrido en errores que no necesariamente son de conceptualización y que posiblemente sean de comunicación; si ese fuera el caso, cabría esperar que el Ejecutivo federal se empeñara en explicar su idea con más claridad a fin de generar los consensos --nacionales e internacionales-- que requeriría un programa tan ambicioso como el referido. 

De otra manera, la implantación del PPP será vista como una expresión de arbitrariedad y se minará, con ello, su viabilidad. 

Sería lamentable porque el desarrollo sustentable del sur y del sureste mexicanos, así como el estrechamiento en la cooperación con las naciones hermanas de Centroamérica, son ciertamente tareas fundamentales e impostergables de la agenda nacional.