El rechazo de la comandancia zapatista al estrecho formato de negociación que pretendieron imponer los coordinadores de las bancadas panista y priísta en el Senado, Diego Fernández de Cevallos y Enrique Jackson --los cuales torpedearon la propuesta inicial de la Cocopa, que preveía encuentros más amplios de los representantes rebeldes con legisladores de tres comisiones-- constituye un llamado de alerta al conjunto de senadores y diputados para que no se conviertan en rehenes de los sectores contrarios a la negociación y a la paz. Es, también, un exhorto a la sociedad civil para que no ceje en sus movilizaciones de respaldo a las demandas indígenas y a los acuerdos de San Andrés en la versión redactada por la Cocopa y enviada por Vicente Fox al Senado, como iniciativa propia, en acto inaugural de su gobierno. 

El mensaje impuesto por los dos líderes parlamentarios mencionados, rechazado por los dirigentes zapatistas por considerarlo humillante, indigno y ridículo, y que ciertamente buscaba minimizar a los rebeldes como interlocutores, ha de agregarse que, tanto Fernández de Cevallos como Jackson, expresaron ayer su determinación de introducir alteraciones de fondo a la iniciativa de reformas legales, en lo que significaría un evidente rechazo a una de las condiciones planteadas por el EZLN para retomar el diálogo, implicaría regresar el proceso de pacificación al empantanamiento en que lo dejó el gobierno de Ernesto Zedillo y se traduciría en un sabotaje a los esfuerzos de distensión emprendidos por los propios rebeldes, por la sociedad civil y, desde el primer día de su mandato, por el presidente Vicente Fox. 

Los alegatos de esos y otros legisladores "duros" pasan por la supuesta necesidad de preservar la integridad territorial o evitar una presunta balcanización del país --o el "desmontaje del Estado", según la expresión alarmista del diputado tricolor Eduardo Andrade-- así como por una pretendida contraposición entre los derechos humanos universales y los usos y costumbres de las comunidades. Tomados en conjunto, parecen calcados de los pretextos que esgrimió Zedillo a fines de 1996 para deslindarse de los acuerdos que sus propios representantes firmaron en San Andrés Larráinzar ese año. 

Ayer, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, dio una respuesta genérica y contundente a los detractores de la llamada Ley Cocopa --que no es sino una fiel conversión de esos acuerdos en iniciativa de reformas legales-- al señalar que las críticas a ella reflejan "visiones muy cortas" y "claramente conservadoras" de quienes no han comprendido "la dimensión de la Ley Cocopa‚ y el derecho que les asiste a los pueblos indígenas". 

Más allá de sus argumentos, la cerrazón ante las demandas indígenas de justicia y dignidad --actitud que ocupa, por desgracia, importantes posiciones de poder en el Legislativo y en el propio Ejecutivo-- expresa intereses económicos y políticos concretos, así como visiones del mundo, que deben ser señalados con precisión. 

Por una parte, la circunstancia actual y ancestral de marginación, opresión, indefensión y miseria de las comunidades indígenas representa, para muchos empresarios, grandes oportunidades de negocio: desde los taladores de la Tarahumara hasta los desarrolladores industriales, urbanizadores o turísticos que, en distintos puntos del país, invaden con impunidad tierras comunales, pasando por los tristemente célebres ganaderos chiapanecos. 

Otro sector amenazado por la perspectiva de una aprobación de la Ley Cocopa tal y como fue presentada es el de los caciques municipales y estatales, en la medida en que el nuevo marco legal daría a las comunidades instrumentos para combatirlos y desarticularlos. 

Adicionalmente, la cerrazón referida tiene el componente ideológico de una reacción encomendera que añora el predominio criollo del periodo colonial, percibe a los indígenas como sujetos de tutela y explotación y se opone, en consecuencia, y por principio, a cualquier intento de dignificación y reconocimiento legal para este sector de la población. 

La suma de intereses de explotadores, caciques y nostálgicos novohispanos, enquistados en las bancadas del PAN y del PRI, así como en puestos clave de la administración pública, conforma, hoy, una reacción decidida a contrarrestar los esfuerzos empeñados por los zapatistas, por el Presidente y por la sociedad civil, en favor de la paz y la justicia. La ciudadanía debe desenmascararlos, aislarlos y movilizarse para garantizar el reencuentro entre la nación y sus indígenas.