CONASUPO: FRAUDE DE ESTADO

De acuerdo con el informe final elaborado por la Comisión Conasupo de la Cámara de Diputados, la empresa paraestatal objeto de las investigaciones sufrió, durante los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, un desfalco por más de 163 mil millones de pesos. Es decir, a lo largo de doce años, se efectuaron malversaciones en Conasupo a un ritmo de 13 mil millones de pesos anuales, mil 131 millones de pesos al mes, 37 millones de pesos diarios, más de millón y medio de pesos por hora.

Lo sorprendente, lo indignante, lo exasperante, no es sólo el tamaño del robo, sino el hecho de que ninguna instancia de la administración pública, durante los dos sexenios referidos y en lo que va del presente, haya querido o deseado detectar semejante sangría; de hecho, las imputaciones administrativas y penales contra ex funcionarios de Conasupo que se han formulado hasta la fecha corresponden a una fracción insignificante de la suma mencionada, equivalente a 16 años del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Esa escandalosa falta de control, que difícilmente podría ser involuntaria, coloca a la sociedad ante el indicio de un verdadero fraude de Estado, de un operativo de largo alcance para la apropiación indebida de recursos públicos por parte del grupo político-empresarial en el poder desde 1982, el cual, a pesar de sus pleitos internos y sus ajustes de cuentas sexenales, mantiene una innegable continuidad en por lo menos dos aspectos: una política económica depredadora del patrimonio nacional y de los bolsillos de la población, y un programa -no se le puede llamar de otra forma- para concentrar la riqueza nacional en unas cuantas manos y socializar los pasivos y las deudas entre el grueso de la ciudadanía.

El saqueo de Conasupo, documentado por la comisión legislativa referida, obliga a recordar la más reciente defraudación nacional del rescate bancario, encubierta y legalizada por los votos parlamentarios del PRI y el PAN. Entre uno y otra no hay más diferencias sustanciales que el monto -ocho veces superior, la segunda- y la mencionada cobertura legislativa; pero, en ambos casos, cientos de miles de millones de pesos pasaron de las arcas públicas -valga decir, del patrimonio de todos los mexicanos- a manos privadas.

La grave sucesión de afectaciones a los bienes nacionales, de la que Conasupo y Fobaproa son sólo dos ejemplos, constituye un factor de desestabilización y desintegración nacional tan delineado y peligroso como el narcotráfico y la delincuencia organizada. Llevada a tales dimensiones, la corrupción y la impunidad de los corruptos se traducen en pobreza, miseria, marginación e insalubridad, en desarticulación y crisis económica, en entendible virulencia antigubernamental, en desesperanza, en descrédito de la política, en cinismo generalizado, en deterioro del país y de la vida de sus habitantes.

Finalmente, la evidencia del desfalco a Conasupo brinda al actual gobierno una oportunidad -tal vez la última- para realizar un tardío, aunque necesario, deslinde con respecto a sus antecesores y emprender, de una vez por todas, un amplio, profundo y verosímil esclarecimiento judicial, político, moral, económico y administrativo de los dos sexenios anteriores en todos sus niveles. De no actuar así, el gobierno de Ernesto Zedillo se colocará a sí mismo, aun antes de concluir, en el mismo casillero que ocupan sus dos antecesores, y compartirá con ellos el veredicto histórico y moral de un país profundamente agraviado.