l enorme problema de violencia vinculada con las actividades del crimen organizado que padece México tiene, además de todos los conocidos, el lamentable efecto de desviar el interés mediático, ciudadano y político del otro gran tema relacionado con los estupefacientes: a saber, el de la atención y el acompañamiento que requieren no sólo las personas adictas, sino también sus seres queridos, quienes suelen cargar con todas las angustias y los riesgos presentes cuando un familiar o amigo cae en el abuso de sustancias –complicaciones que aumentan de manera exponencial cuando se trata de estupefacientes ilegales.
De acuerdo con los últimos datos fuertes que se encuentran disponibles, durante las dos primeras décadas del siglo, el uso de drogas ilícitas tuvo un sensible incremento entre la población mexicana, con cifras particularmente alarmantes en el caso de los jóvenes y las mujeres: mientras el incremento total de quienes consumieron estas sustancias alguna vez en la vida fue de poco más de 100 por ciento, se disparó más de 400 por ciento entre la población femenina, con un repunte significativo a partir de 2011 en ambos géneros. El mismo estudio (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017) estimó que más de medio millón de personas se encuentran en una situación de dependencia hacia uno o varios estupefacientes.
Debe remarcarse que el uso y, ante todo, la dependencia de sustancias son en primer lugar un problema de salud pública que debe abordarse desde esta perspectiva tanto por el derecho de toda persona a la protección de su salud, como por los inmensos costos –materiales, pero también humanos y éticos– que acarrea al país la pérdida de su fuerza de trabajo debido al deterioro de las facultades físicas y cognitivas que acarrean las adicciones. En este sentido, queda claro que la estrategia punitiva de combate a la farmacodependencia, implementada durante los más recientes sexenios y en buena parte vigente hasta hoy, fue inútil e incluso contraproducente. En efecto, además de arrojar nulos resultados en la prevención del consumo de drogas ilícitas, la penalización motivó que las personas usuarias fueran revictimizadas por la doble vía del estigma social y de la caída en un sistema judicial que propiciaba la confusión entre enfermos y criminales.
Cabe esperar que la Estrategia de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas presentada ayer por el gobierno de la Ciudad de México cumpla con su propósito manifiesto de abordar esta problemática de manera incluyente, a partir de políticas de salud y con garantías plenas para los derechos humanos de la población objetivo. El despliegue humano y material anunciado para la implementación del plan puede ser una señal positiva, pero será indispensable un seguimiento estrecho de autoridades, medios y sociedad para evitar que este esfuerzo se convierta en una declaratoria de buenas intenciones.
