Uno de los organismos de gobierno que acumuló mayor cantidad de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2016 –la cual fue rechazada por la Cámara de Diputados debido a gran cantidad de irregularidades– es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), entidad que aún no ha aclarado el uso de mil 892.3 millones de pesos del presupuesto de ese año.

En 2016 –bajo el mando de José Calzada Rovirosa– se realizaron a la Sagarpa 18 auditorías (tres de ellas forenses) porque había elementos para sospechar la existencia de actos ilícitos que perjudican a la hacienda pública federal.

A manera de ejemplo, una de esas tres auditorías es la 286, en la cual se descubrieron posibles daños patrimoniales por más de 445 millones de pesos debido a presuntas irregularidades cometidas en el Programa de Apoyo a Pequeños Productores de Café.

En el expediente, la ASF incluyó 14 pliegos de observaciones, es decir, puntos en que señala manejos incorrectos de dinero que pueden significar quebranto al erario.

El objetivo del Programa de Apoyo a Pequeños Productores Componente Procafé e Impulso Productivo al Café, explicó la ASF, es contribuir al aumento de la productividad de las pequeñas unidades de producción cafetalera mediante el apoyo en infraestructura y servicios, para lo cual se le adjudicó un presupuesto de 730 millones 600 mil pesos en 2016, pero que terminó siendo de mil 212 millones de pesos, por la integración de partidas extras.

Al estudiar el desempeño de este programa de apoyo, la ASF descubrió que hubo múltiples irregularidades, referentes sobre todo a pagos injustificados a beneficiarios que no se encontraban en el portafolio autorizado por la Sagarpa, falta de documentación comprobatoria de adquisición de insumos y ausencia de reintegro de recursos no ejercidos.

De igual manera, la entidad revisora del gasto confirmó que en el mencionado esquema hubo beneficiarios que adquirieron equipo o semillas con proveedores que no estaban avalados por las autoridades o no presentaron documentos para comprobar que hubieran ejercido los apoyos de manera correcta.

Todo lo anterior generó probables daños patrimoniales por 445 millones 359 mil pesos en total, y provocó que los beneficiarios reales del programa, que son los estratos más vulnerables del país, carecieran de la oportunidad de incrementar la producción y productividad de las unidades económicas rurales, lo cual afectó en la práctica su acceso a los derechos sociales, denunció la ASF.