A pesar de que el nuevo sistema penal acusatorio establece la libertad para este tipo de delitos, la juez 37 de lo penal, Yuridia Quintero, negó la libertad a la empresaria hotelera Irma de los Ángeles Magaña Campos, presa en el penal de Santa Martha Acatitla por presunto fraude procesal.

Hace dos semanas, en entrevista con La Jornada, Magaña afirmó que Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas, le fabricó un delito para despojarla de su hotel Great Parnassus de Cancún, valuado en más de 120 millones de dólares.

La historia de este caso se remonta a un convenio que la señora firmó en 2015 con Grupo Tsetaro, integrado por varios empresarios, entre ellos el señor Salinas, quien compró su deuda a la heredera del hotelero Salvador Ornelas Hernández mediante Banco Azteca, con un préstamo inicial de 30 millones de dólares, el cual fue liquidado en parte y quedó en 19 millones de dólares.

La maraña judicial de este caso se centra en la nueva forma de hacer negocios en México, donde empresarios adquieren deudas para después obtener un jugoso beneficio. En este caso, Banco Azteca no litiga ni como acreedor ni como deudor, y compró hace tres años la contraprestación por cesión onerosa en 18 millones de dólares y un año después pretende obtener 80 millones bajo el argumento de que el incremento se debe a los intereses.

Para eso, la juez Yuridia Quintero ordenó la posesión del hotel Great Parnassus de Cancún, valuado en 120 millones de dólares y prisión para la empresaria. Los abogados del Grupo Salinas, argumentan en entrevista con La Jornada que eso no significa ningún despojo.

No hay despojo, eso implica un delito, porque es hacerse de un bien sin tener derecho al mismo y no es el caso. Es falso que la señora Irma de los Ángeles haya sido despojada o que se busque despojarla de sus bienes ilegalmente, dice el abogado Pablo Alonso Rivero.

Añade: La propiedad del hotel está aportada a un contrato de fideicomiso de garantía y como tal se constituyó para que en caso de que hubiese un incumplimiento de pago en el crédito se pudiese ejecutar y con el producto que se obtenga de la venta de ese hotel se pague el crédito correspondiente.

Sin nuevo sistema

Los abogados de Ricardo Salinas, Banco Azteca y Grupo Tsetaro argumentan que la empresaria hotelera no debe ser liberada porque existe riesgo de fuga y carece de un verdadero domicilio en Ciudad de México.

Carlos Arturo Bueno Oviedo, de 29 años, abogado penalista de la parte acusadora, explica que la señora Magaña Campos no debe ser juzgada bajo el nuevo sistema penal acusatorio, porque este procedimiento judicial inició antes de la entrada en vigor del citado sistema.

El decreto que establecía la vigencia del nuevo sistema penal en Ciudad de México establecía como última fecha de entrada en vigor el 16 de junio de 2016. El procedimiento penal por el cual la señora está ahora recluida se inició el 4 de junio de 2016, es decir, 12 días antes de que entrara en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que respecta al delito por el cual ahorita está presa.

Añade: La señora empresaria hotelera dice que tiene su domicilio en la delegación Iztapalapa, el cual es, sinceramente, de menor estrato respecto a la situación económica de la señora. Se revisó en el Registro Público de la Propiedad y no apareció a nombre ella. También se hizo una inspección por medio de notario y ninguno de los vecinos dijo conocerla. Y otra cosa: exhibe un notario de arrendamiento, basado ante la fe de notario, en donde dice que desde el 2017 está rentando un domicilio en Totolalpan, pero al momento de ratificar ese contrato de arrendamiento el 4 de mayo de 2018, ella en sus generales ante un fedatario público, establece que su domicilio es en Quintana Roo.

La juez Quintero aplazó para el 11 de septiembre su decisión de aceptar o negar la prisión domiciliaria a Irma de los Ángeles, quien además señala que tiene serios problemas de salud y ya sufrió dos intentos de asesinato en el penal, así como presiones para firmar documentos.

▲ La dueña del Great Parnassus de Cancún, Irma de los Ángeles Magaña Campos, con sus dos hijas, Paola Estefanía e Irma Michel.Foto La Jornada

El abogado de Banco Azteca, en cambio, considera que no es así: Es muy posible que no se le otorgue esa medida porque se puede sustraer de la justicia. De hecho, el artículo 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que si hay una falsedad en cuanto al domicilio, hay un peligro de sustracción de la justicia del inculpado, por lo tanto no se le debería conceder la libertad.

Delito inexistente

Para los abogados de Irma de los Ángeles el delito que le imputan a la empresaria hotelera es inexistente y no grave y su permanencia en prisión es para chantajearla.

Sin embargo, Bueno Oviedo explica que la empresaria incurrió en un delito grave por tratar de engañar a la autoridad judicial: Fue con el propósito de obtener una ventaja y si ésta se traduce en un beneficio de carácter económico se interpondrán las penas del delito de fraude. Es un delito de oficio. Su engaño consistió en decir que los inmuebles con los cuales ella es heredera y con los cuales garantiza el cumplimiento del crédito que asumió, se encontraban libres de gravamen, situación que fue incorrecta porque con anterioridad de dicho convenio se encontraban gravados y eran de su conocimiento, lo cual no manifestó al momento de celebrar dicho convenio.

Sin embargo, Paola Estefanía Ornelas, hija de la empresaria, muestra el convenio firmado donde se especifican dichos gravámenes en el momento de la firma: Con este convenio se demuestra que los señores estaban enterados de eso. En la cláusula 7.1, me explican, es donde ellos sabían que las propiedades no estaban libres de gravamen. Ellos lo sabían. Esto lo firman el 30 de septiembre de 2015 y a mi mamá la hacen firmar el contrato de transacciones el 27 de octubre. Ellos ya tenían todo planeado: Érick Torres y asociados, junto con Guadalupe Philips y Alejandro Bustos, del Grupo Tsetaro, y el señor Munguía, representante del Banco de Nueva York son los que hicieron el prevericato.

El abogado del Grupo Salinas, Banco Azteca y Grupo Tsetaro, Pablo Alonso Rivero, de 41 años, niega que hayan incurrido en ilegalidad: Quién hoy en día es fiduciario, quien conserva la propiedad del inmueble en garantía es Banco Azteca, por una sustitución fiduciaria. Originalmente quien celebra el contrato de fideicomiso era JP Morgan y luego cede esa cartera a Bank of the New York Mellon y posteriormente se fusiona con CIBanco y finalmente la transmite a Banco Azteca, pero éste no aparece litigando ni por acreedor ni por el deudor, sino que detenta la garantía como tal y tendrá que proceder a la ejecución.

–¿Quiénes son los empresarios que conforman el Grupo Tsetaro?

–Son varios accionistas.

–¿Quiénes son?

–No sé. Entre ellos está el Grupo Salinas.

–Es absurdo el hecho de que el crédito sea de 30 millones, se deba 19 millones y ustedes quieran 80 millones…

–No creo que sea absurdo por el hecho del tiempo transcurrido, estamos hablando de 30 millones de 2006, han pasado 11 años y por lo tanto los intereses se fueron incrementando y actualizando, hasta llegar a la cantidad de 70 u 80.

–¿Así es el sistema?

–Así está pactado.

–¿Para ustedes es importante que permanezca en prisión?

– Nuestro interés es tratar de alcanzar un acuerdo.

–Que les entregue sus propiedades…

–Nosotros lo que pretendemos es el pago. Si ellos lo hacen vía efectivo, si ofrecen propiedades que las ofrezcan.

–Pero el hotel vale 120 millones de dólares.

–Tendría que meterse a un avalúo.

–¿Por cuánto dinero compró el Banco Azteca la deuda?

–No lo sé.

Sin embargo, de acuerdo con el expediente judicial al que ha tenido acceso La Jornada, existe un documento que señala que la deuda fue comprada por el empresario Ricardo Salinas en 18 millones de dólares y tres años después pretende obtener 80 millones.