Zacatecas, Zac., El gobernador Alejandro Tello Cristerna presentó este sábado su segundo informe de gobierno ante el pleno del Poder Legislativo del estado, luego de escuchar las posiciones de las fracciones partidistas que destacaron los temas de la violencia e inseguridad pública como el principal reclamo a su administración.

Tello Cristerna leyó un resumen de su reporte –cuyos anexos entregó por escrito–, y señaló de entrada que soy el primero en reconocer rezagos y tareas pendientes. No obstante, endosó la responsabilidad a los ediles: Me uno a la exigencia ciudadana para que los alcaldes electos y próximos a tomar posesión, inviertan de manera responsable en el fortalecimiento de las policías municipales, pues hoy no hay tema más importante para la ciudadanía que éste.

Tello Cristerna admitió que combatir las organizaciones criminales y la violencia es una de las tareas más difíciles y complejas para el Estado mexicano. En un marco de estrecha coordinación con las autoridades federales, todos los días enfrentamos con determinación y con acciones puntuales este fenómeno que tanto lastima al país.

Por ello, dijo, tengan la certeza de que estamos cerrando el paso a los grupos delictivos, muchos de sus integrantes están vinculados a proceso o incluso cumplen ya una sentencia.

Atender la crisis, urgente

Antes, Héctor Adrián Menchaca, de Morena, planteó atender la crisis de Zacatecas, que no podrá enfrentarse sin cortar de tajo con la corrupción y la impunidad, lo cual implica cambiar el actual régimen y establecer un nuevo orden político, democrático, promotor de la legalidad, humanista y con el distintivo de la honestidad.

En las principales zonas urbanas del estado, agregó, se extienden los cinturones de pobreza y marginación, además de que diario nos cercan la violencia y el horror, con fosas, secuestros y ejecuciones.

José Juan Mendoza, coordinador del PRD, confirmó que el tema que más preocupa a los zacatecanos es la seguridad pública, y criticó la reforma constitucional federal de 2009, que transfirió a los estados la competencia para investigar, perseguir y sancionar el delito de narcomenudeo. Hoy, a nueve años de distancia, esa reforma ha sido un auténtico fracaso.