Opinión
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Consejeros de consigna
John M. Ackerman
E

l disparate de la multa de 197 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena constituye el primer disparo en lo que probablemente será una larga batalla de las instituciones controladas por PRI, PAN y PRD en contra de los esfuerzos renovadores del nuevo gobierno democrático de Andrés Manuel López Obrador.

Ciro Murayama, Lorenzo Córdova, Marco Baños, Margarita Favela, Pamela San Martín y los otros consejeros que votaron en favor de la multa demuestran enorme cinismo y mala fe. Miente en particular Murayama al establecer un paralelismo espurio entre el caso de Amigos de Fox, donde se acreditó el desvío de 640 millones de pesos del erario público hacia la campaña presidencial del PRI en 2000, y el caso del fideicomiso Por los Demás (PLD).

El verdadero símil con el caso bajo consideración es el otorgamiento fraudulento del registro como candidato presidencial a Jaime Rodríguez por el Tribunal Electoral (TEPJF). Tanto en aquel caso como en el actual, las instituciones electorales torcieron la ley con el fin de cumplir con órdenes superiores.

Es importante aclarar que la multa del INE no es por alguna irregularidad en el manejo del fideicomiso, sino solamente por no haber informado previamente y de manera formal a la autoridad electoral sobre su existencia y acciones.

¿Por qué no informó Morena al INE sobre el fideicomiso?

Simple y sencillamente porque el fideicomiso no pertenece a Morena, ni recibió un solo peso del erario público y jamás utilizó sus recursos para gasto electoral alguno. PLD es una institución de beneficiencia social estrictamente privada creada con el único fin de apoyar a los miles de damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

No existe obligación legal alguna de que un partido informe al INE con respecto a las acciones privadas de sus integrantes. Si periodistas y abogados afines a cualquier instituto político quieren organizar una colecta para apoyar a personas necesitadas, con la Cruz Roja, por ejemplo, no tienen necesidad de rendir cuentas a las autoridades electorales sino, en su caso, a la Secretaría de Hacienda.

Ahora bien, es cierto que existen muchos abusos del secreto bancario en general, y de los fideicomisos en particular, con el fin de lavar dinero, evadir impuestos o realizar triangulaciones de recursos hacia campañas políticas. Algunos casos recientes incluyen, por ejemplo, Pemexgate, Amigos de Fox, Monex, Asismex y Odebrecht. En todos estos casos existe evidencia contundente de que los partidos involucrados, PRI y PAN, canalizaron ilegalmente cientos de millones de pesos hacia sus campañas presidenciales.

Si ello fuera el caso con el fideicomiso PLD, la enorme multa impuesta por el INE a Morena, de casi la mitad de su financiamiento ordinario de 2018, sería plenamente justificada. Los juristas y analistas cercanos a López Obrador tendríamos que ser los primeros en denunciar el atropello y exigir un castigo ejemplar a los responsables por traicionar los estrictos principios de honestidad y de legalidad de Morena.

Pero la comparación entre estos casos sólo existe en la fértil imaginación de Murayama. En el caso de PLD, no existe ningún acto de simulación jurídica o de fraude a la ley. Los mismos consejeros electorales reconocen que la creación del fideicomiso fue un acto público y transparente y que no hay evidencia alguna de que los recursos se hayan dado a la campaña de López Obrador. Además, por medio de las gestiones probablemente ilegales del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y antiguo colaborador de José Antonio Meade, Lizandro Núñez Picazo, el INE pudo allegarse de todos y cada uno de los documentos del fideicomiso PLD que acreditan claramente que los apoyos otorgados fueron exclusivamente para damnificados sin haberles dado absolutamente ningún uso político-electoral.

Tal como lo ha señalado públicamente el único consejero electoral con algo de criterio jurídico y moral, José Roberto Ruiz Saldaña, no existe lógica alguna desde un punto de vista político-electoral ingresar efectivo al sistema bancario vía el fideicomiso para después retirarlo. Al contrario, lo que siempre buscan los políticos corruptos es manejar el dinero directamente en efectivo para sus gastos irregulares. Al depositar el dinero en la cuenta del fideicomiso, lo que hacía el PLD era precisamente permitir que la Secretaría de Hacienda pudiera conocer y fiscalizar los montos y las transacciones.

Así que los videos divulgados por algunos medios de comunicación de personas depositando dinero en la cuenta de PLD no muestran un acto sospechoso, sino todo lo contrario. Revelan la voluntad del fideicomiso de dar cuenta de exactamente cuántos recursos habían sido recaudados, para posteriormente canalizar con toda transparencia y rigor cada uno de los donativos a las víctimas de los sismos.

Quien debe ser sancionado no es Morena, sino los consejeros de consigna del INE.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman