Ante la prisa de las autoridades salientes a nivel federal y local por imponer la construcción del puente intervecinal (PIV) en La Venta, delegación Cuajimalpa, pobladores y comuneros afirman que, de manera arbitraria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobierno capitalino iniciaron las obras sin el aval de los pueblos de El Contadero y San Mateo Tlaltenango. Aseguran que la asamblea agraria no ha otorgado su autorización para la obra en sus terrenos comunales y que defenderán su territorio ancestral.

La madrugada del 6 de julio, trabajadores contratados por el gobierno empezaron la obra para sustituir el puente de La Venta, como parte de la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México. Indígenas y vecinos sostienen que no se llegó a ningún acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT ni con la Secretaría de Obras y Servicios de Ciudad de México.

Las autoridades impusieron el proyecto sin tomarnos en cuenta. No garantizaron solución a nuestras demandas, decían que conocíamos el proyecto de obra del nuevo puente PIV La Venta, cuando no es así, y pretendían que firmáramos para obtener el aval e iniciar la construcción, cuando debía ser consultado a todo el pueblo para su posible autorización, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT.

A su vez, comuneros del San Mateo Tlaltenango sostienen que su asamblea general no autorizó la venta ni convenio alguno para que en su territorio se haga un área recreativa con concha deportivas, y mucho menos se ha dado el aval para que se inicie el nuevo puente PIV dentro de la propiedad comunal. Dicen que tanto los representantes como su abogado han sido cooptados por la SCT para dar un aval ilegal, pues compete sólo a la asamblea, por lo que decidimos unirnos a El Contadero para defendernos.

Insisten en que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es cómplice de las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, ya que sigue sin admitir la denuncia presentada el 11 de junio.