Opinión
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Los saldos del neoliberalismo
Américo Saldívar V.
B

asándonos en las contribuciones de Janos Harsanyi, premio Nobel de Economía 1994, de origen húngaro, quien destacó también por sus estudios de filosofía moral y ética políticas, podemos señalar que los individuos que de manera legítima procuran maximizar su bienestar económico deben considerar también el bien común a partir de la mejora en las políticas públicas que respondan de modo efectivo a las crecientes presiones, demandas y desafíos tanto en el terreno social como en el económico y el ambiental.

En nuestro quehacer como ciudadanos, particularmente cuando se trata de temas cuyos objetivos sean la búsqueda y transformación de una realidad socialmente injusta, los valores democráticos e inclusive el cambio climático, deben entrar en nuestras expectativas de cambio.

Al hacer un rápido recuento de las últimas décadas del modelo de crecimiento económico, político y social de nuestro país encontramos grandes fallas y déficits que dentro del contexto actual demandan para su superación un nuevo contrato social. Tomemos como ejemplo la vinculación entre los niveles de violencia y el crecimiento del crimen organizado y su correlación respecto del mediocre desempeño de la economía; la inequidad en la distribución de la riqueza y los elevados índices de pobreza, donde cerca de 50 millones de mexicanos viven por debajo de la línea de pobreza; el consumo de drogas en Estados Unidos y el contrabando de armas de EU a México; los niveles de corrupción e impunidad; el gran déficit democrático en el sistema político mexicano y la extrema debilidad de las agencias gubernamentales tanto a escala federal como estatal y municipal.

A manera de ilustración de las variables anteriores se pueden aportar los indicadores siguientes:

Desde la década de los 80 del siglo pasado el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) no ha sobrepasado en promedio 2.5 por ciento, siendo la deuda pública y privada, la inflación y la devaluación, tres acompañantes constantes.

Si medimos el producto interno neto ecológico (Pine), en el mismo periodo la tasa de degradación-contaminación y agotamiento de los recursos naturales alcanza 8 por ciento anual sobre el PIB. Greenpeace nos informa que el país pierde cada año medio millón de hectáreas por deforestación.

Dentro de los países miembros de la OCDE, el nuestro tiene los salarios mínimos más bajos.

También, dentro de América Latina, México es de los países con menor tasa impositiva en proporción a su producto interno.

El mediocre desempeño económico intrínsecamente estaría vinculado con la debilidad institucional y democrática, donde los procesos político-electorales adolecen de poca transparencia, sin rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos y al estado de derecho. Se puede constatar que en los pasados 100 años no ha habido elecciones limpias y transparentes. Hipotéticamente estos déficits constituyen un caldo de cultivo propicio para el incremento de la violencia y del control por grupos criminales, con la consiguiente contracción del Estado y sus instituciones.

De acuerdo con una encuesta nacional, en la década pasada los cárteles de la droga han pasado de seis o siete a 400 grupos criminales, entre ellos los relacionados con secuestros, asesinatos, tráfico de personas (migrantes, mujeres y niños) extorsiones y robo de combustibles.

La violencia cubre ya todos los intersticios de la sociedad mexicana que vive atemorizada, donde ocho de cada 10 personas manifiestan percepción de inseguridad. El otro gran déficit que el modelo neoliberal no ha superado ni superará bajo el actual régimen político es la corrupción e impunidad. En suma, podemos decir que el modelo socioeconómico y político mexicano predominante en tiempos de la globalización y el neoliberalismo dejan un saldo sumamente negativo para la mayoría de la población y hasta aterradores en términos de asesinatos y desapariciones forzadas. Los datos son contundentes. Por ello urge para nuestro país el establecimiento de un nuevo pacto social democrático que involucre a la mayoría de los ciudadanos, basado y derivado no sólo de las expectativas racionales, sino también del sentido común.