a última gran reforma migratoria tiene veinte años, se titula Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRAIRA) y fue un golpe duro para la comunidad migrante, tanto irregulares como residentes legales.

Desde la primera letra del título de la ley, al utilizar el calificativo de ilegal se plantea una posición restrictiva y coercitiva en contra de la inmigración y se limitan los derechos a los residentes legales, marcando una diferencia con los que son ciudadanos que tienen más derechos.

Esta reforma en vez de controlar la inmigración irregular, lo que provocó fue totalmente lo contrario, incentivarla y, sobre todo, romper con la tradicional circularidad de la migración mexicana que se caracterizaba por ser de ida y vuelta.

Esta ley es la responsable del muro fronterizo, del incremento de la patrulla fronteriza y de la disposición sobre comunidades seguras (287G) que autoriza a la migra a entrar en relación con las policías locales para deportar a migrantes establecidos. Entre otros muchas disposiciones, como el incremento de penas a los reincidentes, deportación de veteranos que hayan cometido delitos y el permiso para que los estados pudieran legislar en tema migratorio, como por ejemplo, la llamada Ley Arizona SB1070.

Después de esta ley bipartidista, promulgada por Clinton, ha venido otra serie de propuestas que tratan de corregir las consecuencias no anticipadas de la llamada ley de amnistía a (IRCA,1986) y la IIRAIRA, es decir, el colapso del sistema migratorio estadunidense.

Estas propuestas, que nunca pasaron a ser ley, se enfocaban en lo que se llamó reforma migratoria integral, que pretendía resolver en conjunto la problemática y no ponerle parches que luego después no funcionan. Se trataba de resolver un proceso de regularización de varios millones de migrantes con ciertos requisitos, definir un camino hacia la ciudadanización, proponer un programa de trabajadores temporales, regular el flujo, la dinámica y la problemática fronteriza; certificar programas en torno a la seguridad nacional, tráfico de personas y de drogas y adecuar las vías de ingreso legal a la nueva realidad y los requerimientos del país. La reciente propuesta de reforma integral aprobada por el Senado ni siquiera fue discutida en la Cámara de Representantes, por tanto quedó en una especie de limbo.

La propuesta actual de Donald Trump, la llamada de Cuatro Pilares y que fue definida en su discurso a la nación, consiste en una oferta a cambio de tres demandas. Más que una reforma es una negociación comercial.

En primer lugar, ofrece la legalización de 1.8 millones de jóvenes migrantes en situación irregular (unos 800 mil con protección legal de DACA y otro millón que podrían estar en situación más o menos similar). Es decir, legalizar mano de obra calificada, con estudios, conocimiento del idioma y socializados en Estados Unidos, una ganga. Además los jóvenes, que contribuirán con impuestos a la seguridad social de un país cada vez más envejecido, tendrían sobre su cabeza la amenaza de deportación por más de 12 años, hasta que pudieran optar por la ciudadanía.

Trump muestra su lado generoso, compasivo dirían en Estados Unidos y se libera de una papa caliente, que sería deportar a los dreamers . No tiene empacho en utilizarlos como moneda de cambio para lograr sus otros tres objetivos.

De los 8 millones de migrantes irregulares restantes se encarga el segundo punto de su programa. Un presupuesto de 25 mil millones de dólares para la construcción del muro, 5 mil patrulleros fronterizos adicionales, otros tantos miembros del ICE para trabajar en el programa de comunidades seguras, que se traduce en persecución a migrantes irregulares en sus casas, centros de trabajo y en las calles de la ciudad, acabar con las urbes santuario que apoyan a la población migrante y reforzar el sistema judicial para agilizar los procesos de deportación.

El tercer punto se refiere a la migración legal, conocida como reunificación familiar y que Trump llama despectivamente migración en cadena. Se trata del derecho que tienen los ciudadanos y los residentes para traer a sus familiares directos: esposa e hijos menores de edad y en el caso de los ciudadanos pueden solicitar la residencia para sus padres e incluso hermanos, aunque este proceso puede durar 10 o 15 años.

Sería el caso de los suegros de Trump, dado que Melania, al ser ciudadana, tenía derecho a solicitar la residencia para sus padres mayores de edad y esto, obviamente, fue avalado por el mismo Trump. Precisamente se pretende acabar con esta prerrogativa que tenían los ciudadanos de traer a sus padres y hermanos.

El cuarto punto es terminar con las llamadas visas de la diversidad, popularmente conocidas como lotería de visas. Estos documentos tratan de promover o facilitar la inmigración de países que no tienen grandes volúmenes de migrantes en Estados Unidos y son de diferentes razas, nacionalidades y continentes. Los requisitos son tener educación a nivel de preparatoria y contar con experiencia laboral. Sin embargo, más de 50 por ciento son inmigrantes con algún título profesional, según un estudio reciente del MPI. Para Trump, el modelo deber ser de acuerdo a mérito, mucho más selectivo. El sorteo simplemente es un criterio que pretende ser igualitario.

Para Trump el asunto es sencillo, no debe haber complicaciones y así como pretende solucionar la migración irregular con medidas represivas, impone su criterio sobre la migración legal, claro está, después de haber traído a sus suegros. Y en cuanto a la lotería, lo que le gustaría es que llegaran inmigrantes de Noruega, es decir blancos y deseables, volver al pasado, a la América de políticas migratorias selectivas racialmente, como antes de la revuelta por los derechos civiles.