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Indaga la FGE encubrimiento a Duarte

Confiscan equipo de cómputo a la Auditoría Superior de Chihuahua
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 31 de enero de 2017, p. 27

Chihuahua, Chih.

Por orden de un juez local, la Fiscalía General del Estado (FGE) cateó las oficinas de la Auditoría Superior y se incautó del servidor del sistema de cómputo, ante la presunción de que funcionarios de ese organismo, dependiente del Congreso local, ocultaron información sobre actos de corrupción perpetrados por servidores públicos durante la administración que encabezó el hoy ex gobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-2016).

El domingo por la noche, agentes de la policía ministerial de la FGE llegaron al Complejo Industrial Américas, donde se encuentra el edificio de la Auditoría Superior del Estado, y colocaron sellos con el fin de evitar que se borren archivos sujetos a revisión, como parte de una investigación en contra del auditor, Jesús Manuel Esparza Flores, denunciado por uso indebido de funciones y violaciones a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos del Estado y la de Adquisiciones.

En conferencia de prensa ofrecida ayer en Ciudad Juárez, el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, dijo que con el cateo y la confiscación del equipo se busca evitar que se obstruya la investigación en curso, derivada de una denuncia presentada por el presidente de la comisión de fiscalización del Congreso, el diputado panista Jorge Soto.

El diputado local denunció al auditor Jesús Esparza el pasado 19 de diciembre, y el 28 de ese mes amplió la denuncia, a la que agregó datos como la compra de vehículos a familiares con cargo al erario y el pago a más de ocho aviadores –personas que cobran sin trabajar– que entre 2014 y 2016 percibieron salarios de entre 40 mil y 50 mil pesos mensuales.

La presidenta del Congreso estatal, Blanca Gámez, aseguró que la eventual renuncia del auditor superior no cancela el proceso que sigue en su contra el Poder Legislativo, del cual depende la Auditoría Superior, y en todo caso únicamente evita la destitución. Sin embargo, aún puede ser inhabilitado para ocupar cargos públicos mientras se desahoga la demanda por la vía penal.