Vecinos interpusieron un amparo para detener y, si es posible, demoler la plaza comercial Patio Tlalpan, que tiene un avance de 90 por ciento y, de acuerdo con su denuncia, se incrementarán los problemas de movilidad, dotación de agua y drenaje, en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de veinte colonias de la demarcación.

En conferencia de prensa, Javier Méndez explicó que el gobierno capitalino y la delegación Tlalpan otorgaron a la empresa Grupo México Retail Properties (MRP), cuyo presidente es Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, autorizaciones ilegales para iniciar la obra en 2015, en lo que fue la clínica siquiátrica San Rafael.

Se trata de una zona catalogada como patrimonio cultural, artístico e histórico, ubicada en uno de los pueblos originarios más antiguos de la ciudad: Santa Úrsula Xitla, por lo que debió realizarse una consulta y que los vecinos decidieran, lo cual no sucedió, afirmó Margarita Guevara.

Por ello se interpuso el amparo en el juzgado decimosexto en materia administrativa de la Ciudad de México, en el cual se alega la violación a los derechos humanos de más de 600 mil habitantes de la demarcación, explicaron los abogados Octavio Martinez y Rolando Cañas.

Comentaron que es la primera ocasión que un grupo de vecinos demanda a 10 autoridades ante un juez federal, y éste encontró elementos suficientes para aceptar la petición de amparo, lo que da confianza en que la resolución judicial será favorable incluso para demoler la obra. De no ser así, adelantaron, acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Advirtieron que se podría incluso llegar a interponer denuncias penales contra funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la delegación, y obligar a las autoridades en funciones a indemnizar a la empresa, porque sería un tercero perjudicado, al invertir y no poder abrir las puertas de su plaza.

El predio fue vendido en 2012 y en 2015 se inició la construcción de Patio Tlalpan, que tendrá siete pisos en una superficie de 101 mil 378 metros cuadrados, y albergará un sótano con mil 580 cajones de estacionamiento, lo cual atraerá miles de viajes en una zona ya colapsada, agregó José Casillas.

Pese a la solicitud a la delegada Claudia Sheinbaum para que interviniera y fuera clausurado para convertirlo en escuela o área de uso común, agregó Méndez, su respuesta fue negativa, lo cual permitió que las obras avanzaran y estén próximos a abrir, de no ganar el amparo.

Sara Espíritu, otra vecina de la zona, aclaró que no queremos medidas de mitigación ni dinero para que la empresa continúe la obra, pues los derechos humanos no se negocian. No podemos poner precio a la calidad de vida, al derecho al agua, a la defensa del patrimonio.

Al igual que Michiko Amemiya, reconoció que se requiere de este tipo de desarrollos, pero debe consultarse a la población, sobre todo cuando se trata de un pueblo originario. Se recibe agua por tandeo y se carece de infraestructura para atender la demanda de nuevos visitantes y/o habitantes.

Por su parte, la delegación Tlalpan informó que la anterior administración otorgó las autorizaciones para la construcción de la plaza, negó cualquier relación de complicidad con la empresa y reconoció que tendrá un impacto negativo en materia de abastecimiento de agua potable, drenaje y movilidad.