El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer, por unanimidad, la normativa anticorrupción del estado de Querétaro, conocida como Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, debido a que fue aprobada antes de que entrara en vigor el sistema nacional en la materia. Con el mismo criterio, con el que los ministros declararon la inconstitucionalidad de las leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz, el pleno apoyó el proyecto elaborado por José Ramón Cossío, el cual estableció la existencia de una mecánica transicional o veda temporal como condición para los congresos locales antes de legislar sobre este tema.