Ante la pretensión de organismos como Alto al Secuestro y algunos legisladores del Revolucionario Institucional (PRI) de derogar la Ley General de Víctimas y crear otra en su lugar, senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) advirtieron que la actual legislación sólo requiere algunos cambios y adecuaciones, pero debe preservarse, ya que el riesgo es que pierda su esencia garantista de los derechos de quienes sufrieron el embate del crimen organizado o de autoridades que violaron sus derechos fundamentales.

El cabildeo intenso de la representante de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien ha convocado a varios actos –uno de ellos con la asistencia del presidente Enrique Peña Nieto–, motivó que organizaciones y colectivos de víctimas se acercaran a legisladores en las semanas recientes, para demandar que no se derogue la ley.

La propuesta de Miranda –que ha circulado también entre senadores de Acción Nacional– es una nueva ley centrada exclusivamente en víctimas del delito y no de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, las policías u otras autoridades.

La inquietud del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y otras organizaciones aumentó por la iniciativa de la senadora priísta Cristina Díaz, quien, al igual que Miranda, propone derogar la actual Ley General de Víctimas, con el argumento de que la reciente reforma constitucional amerita otra legislación.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, recordó que esa ley –promulgada en enero de 2013 luego de un complicado proceso legislativo, ya que comenzó a discutirse desde el sexenio de Felipe Calderón– no debe tocarse en su esencia, que es la defensa de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

No puede olvidarse, insistió, que esa ley nació de las organizaciones, de las propias víctimas o de sus familiares y sólo va a enriquecerse, a corregir las fallas que han denunciado los propios afectados, pero no va a derogarse.

En entrevista aparte, Armando Ríos Piter, del PRD, explicó que el pasado 10 de agosto presentó a diversas organizaciones que acudieron al Senado para pedir que se preserve la ley.

Layda Sansores, senadora del PT, coincidió en que los ajustes a esa ley deben tener el consenso de las organizaciones de víctimas y recordó que Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, reclamó en el Senado una ley eficaz, que apoye realmente a las víctimas.