Ante la presunción de que en Tanhuato, Michoacán, se cometió un exceso del poder de fuego y ante las contradicciones que existen entre la versión oficial de que se trató de un enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada y versiones de familiares de que fue un operativo para aniquilar a presuntos delincuentes, senadores y diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) demandaron ayer la creación de una comisión investigadora del Congreso.

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados solicitará hoy en la Comisión Permanente constituir un grupo de trabajo que coadyuve en la investigación oficial de la muerte de 42 civiles y un policía federal en ese municipio michoacano.

La propuesta del sol azteca plantea que ese grupo, integrado por un diputado y un senador, pueda recabar información de los familiares de las víctimas, así como entre las autoridades federales y estatales.

El punto de acuerdo, presentado por el coordinador perredista, Miguel Alonso Raya, en nombre de su fracción, señala que el derribo de un helicóptero militar en Jalisco y la muerte de 42 personas en un presunto enfrentamiento con fuerzas federales, se producen enmedio de la elección federal y cuando el Estado debe garantizar a ciudadanos y candidatos las condiciones de normalidad democrática indispensables para ejercer el libre derecho a votar.

El documento refiere que si bien el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, ha dicho que los 42 civiles murieron en un enfrentamiento y se les atribuye pertenecer al cártel de Jalisco Nueva generación, persisten versiones de familiares que apuntan a ejecuciones extrajudiciales, como ocurrió en Tlatlaya, estado de México.

También, la diputada Elena Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y ex presidenta del grupo de trabajo que investigó el caso Tlatlaya, afirmó ayer que los hechos de Tanhuato son ‘‘motivo de una gran preocupación’’, sobre todo por las versiones de ciudadanos que advierten de evidencias de que se trató de un ataque dirigido para aniquilar y no investigar’’, así como las imágenes de personas desarmadas, desvestidas, con fracturas y presuntas alteraciones del lugar de los hechos.

Por su parte, el senador panista Ernesto Cordero comentó que ‘‘es un tema muy delicado y los mexicanos merecen saber qué es lo que realmente pasó’’. En tanto, los grupos parlamentarios del PRD resaltaron que hay versiones de que ‘‘se trataría de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Federal y el Ejército’’, por lo que es necesario que el Congreso coadyuve con las autoridades para que éstas puedan presentar una versión sobre la verdad histórica de lo acontecido.