Activistas y defensores de los derechos humanos entregaron este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un documento denominado amicus curiae (amigo del tribunal), mediante el cual defienden las nuevas atribuciones constitucionales de la policía, entre ellas la detención por delitos cometidos en flagrancia y el uso de la geolocalización como herramienta del Estado mexicano para perseguir a la delincuencia organizada.

Entrevistados en las puertas de la Corte, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí –quienes se sumaron al documento– dijeron que es ociosa y absurda la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado en marzo pasado, el cual, entre otras cosas, otorga facultades a diversas autoridades persecutoras de delitos para utilizar la tecnología en la búsqueda y localización de presuntos delincuentes.

Alejandro Martí, presidente de México SOS; Ernesto Canales, presidente de Renace ABP, e Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, coincidieron en señalar que es preferible que las autoridades cuenten con ese tipo de facultades para perseguir a la delincuencia organizada, a pesar de los abusos en que incurren cotidianamente los cuerpos policiacos, a que éstos estén limitados en sus herramientas de investigación.

En conferencia de prensa, Martí señaló que no es posible que se debata el tema de la geolocalización cuando es algo que se aplica en todo el mundo para realizar investigaciones.

Entre los firmantes del amicus curiae están el doctor en derecho Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidada Nacional Autónoma de México (UNAM); Guillermo Zepeda Lecuona, especialista en temas sobre seguridad ciudadana y justicia penal; Lizbeth Pérez Zamorano, maestra de la Universidad Iberoamericana y analista de medios y relaciones públicas, y Rafael Heredia Rubio, abogado que tomó notoriedad pública tras participar en el documental Presunto culpable.