Aguirre Rivero no cumplió en materia de seguridad, señala informe de 2013
La complicidad de autoridades estatal y municipales, pieza clave para explicar los crímenes
Viernes 10 de octubre de 2014, p. 12
En Guerrero, una de las piezas clave que explican crímenes, secuestros y extorsiones es la complicidad y colusión
entre los gobiernos del estado y municipales con la delincuencia organizada, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que incluso detectó la identidad existente entre delincuente y servidor público
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Desde el 18 de diciembre de 2013, en su informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero, la CNDH señaló que la administración de Ángel Aguirre Rivero no cumplió con su deber en materia de seguridad pública, de protección a la vida y de los derechos humanos de los guerrerenses.
La delincuencia ha llegado a tal grado en Guerrero que maestros han sido amenazados por grupos de la delincuencia si reprueban a alumnos relacionados con el crimen.
A partir de visitas a los municipios y de entrevistas con víctimas de la delincuencia, así como con desplazados por la violencia, la CNDH concluyó que en el estado existen condiciones de abandono de las funciones de seguridad pública e impunidad por parte de los gobiernos del estado y municipales, lo cual implica una vulneración de la población de Guerrero a la seguridad jurídica, la libertad y el acceso a la justicia
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En el reporte documentó, con entrevistas a autoridades municipales y familias, al menos 2 mil 193 casos de desplazados por secuestros, extorsiones y amenazas de la delincuencia organizada, que al mismo tiempo actúa con la colaboración y la complicidad de las policías municipales.
En todas las localidades visitadas se observó que las personas se mostraban con mucho temor y desconfianza a denunciar lo que viven, por temor a recibir represalias, o incluso a perder la vida por hacerlo. En términos generales, señalaron que la delincuencia organizada imperaba en sus territorios y refirieron la constante negativa de las autoridades de tomar medidas para solucionar la problemática
, explicó.
La CNDH sostuvo que el bajo porcentaje de denuncia de delitos en la entidad se debe a que, también en casos documentados, cuando las víctimas acudieron al Ministerio Público éste informaba a los agresores.
Del total de víctimas identificadas (por la CNDH), sólo 67 presentaron denuncia, a pesar de tratarse de delitos sumamente graves, lo que refleja un problema severo de desconfianza hacia las instituciones y autoridades, que consiste en el temor fundado de la población de que las instancias encargadas de la persecución de los delitos están coludidas con los criminales
, abundó.
Otras 129 personas, expuso, no presentaron denuncia por temor a represalias de la delincuencia o a la connivencia entre autoridades y grupos criminales
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La comisión refirió que agentes de tránsito, policías municipales y ministeriales no sólo extorsionan a las víctimas a cambio de investigar los delitos, sino que participan en el cierre de calles para crear cercos de seguridad a los secuestradores, e incluso les entregan copias de las averiguaciones previas.