Sociedad y Justicia
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Requieren un proceso previo de consulta entre los actores del sector educativo

Estudian legisladores un nuevo marco legal para prevenir violencia en escuelas

Antes de pensar en más leyes hay que conocer cómo se aplican las actuales, señalan

 
Periódico La Jornada
Lunes 2 de junio de 2014, p. 37

Las comisiones de Educación de las Cámaras de Senadores y Diputados trabajan conjuntamente en la construcción de un nuevo marco legal para la prevención y el tratamiento de la violencia en las escuelas del país, que en los meses recientes se ha agudizado entre los adolescentes y ha provocado muertos.

Los presidentes de las comisiones, el diputado Jorge de la Vega Membrillo (PRD) y el senador Juan Carlos Romero Hicks (PAN), anunciaron que estos órganos colegiados han trazado una ruta de trabajo para que, en el marco del proceso legislativo se establezcan mecanismos de consulta a los diversos actores que confluyen en el sector educativo: funcionarios gubernamentales, maestros, asociaciones de padres de familia, organizaciones empresariales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil. No obstante ello, los legisladores destacaron que el tema de la prevención y tratamiento de la violencia entre y contra niñas, niños y adolescentes está considerado en al menos cinco ordenamientos que distribuyen competencias entre los tres órdenes de gobierno, y en una docena de entidades federativas existen leyes específicas sobre violencia en el entorno escolar.

Advirtieron que antes de pensar en nuevas leyes debe conocerse cómo se han aplicado las actuales e identificar las mejores prácticas para atender el problema.

Romero Hicks, en entrevista, refirió: se trata de un trabajo conjunto. En el Senado tenemos una docena de iniciativas y una minuta de la Cámara de Diputados. ¿Qué estamos haciendo?, acercándonos a organismos internacionales para conocer políticas eficaces en casos de Suecia, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Brasil, entre otros.

Además, abundó el senador, la Ley General de Educación ya tiene 23 artículos dedicados a atender y prevenir la violencia escolar, pero también está la Ley General de Atención a Víctimas; la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; el conjunto de códigos penales en los estados y el Federal, así como el tratamiento de menores infractores.

De la Vega y Vega puntualizó: diputados y senadores coincidimos en que el fenómeno de la violencia en las escuelas debe ser afrontado integralmente, atendiendo los múltiples factores que lo propician. En esta labor, el respaldo de las leyes es una de las herramientas indispensables, por lo que las comisiones hemos convenido analizar conjuntamente tanto los alcances y eficacia de la legislación vigente, como las diferentes propuestas que sobre la materia han sido presentadas en el Congreso.

La palabra bullying, insulto al español: Romero Hicks

Romero Hicks, en tanto, precisó: “en el diseño de las iniciativas tendremos que ser cuidadosos en no calificar como bullying a todas las conductas violentas que acontecen en la escuela y sobre todo en no establecer un marco jurídico que pervierta la vocación de las instituciones educativas al convertirlas en centros correccionales ”.

Subrayó el también ex gobernador de Guanajuato que el populismo legislativo es hacer una ley, pero esa no es la solución. Hay que obligar a todos a que se cumplan las leyes vigentes, revisar lo que se puede mejorar y legislar en los aspectos que hagan falta.

El término correcto para referirse a la violencia escolar “no es bullying, esa palabra es un insulto al español. Todas las formas de violencia escolar se las han querido adjudicar al término bullying, pero hay diversos tipos de violencia: verbal, física, sexual, electrónica, patrimonial, de tal forma que esa palabra extranjerizante no describe con propiedad la violencia que acontece en las escuelas.

Los legisladores tenemos la determinación de que tras este proceso de consultas podamos construir un proyecto consensuado que sea discutido por las cámaras durante el próximo periodo de sesiones, que comienza en septiembre.