Jueves 20 de marzo de 2014, p. 24
Bogotá, 19 de marzo.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció este miércoles la destitución del alcalde de esta capital, el izquierdista Gustavo Petro, tras rechazar las medidas cautelares que dictó en su favor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en su lugar designó a Rafael Pardo Rueda, actual ministro de Trabajo. De inmediato, cientos de personas se congregaron frente a la alcaldía para manifestar su apoyo a Petro.
Petro, ex guerrillero del desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19), fue destituido e inhabilitado políticamente por 15 años, por el procurador general, el ultraderechista Alejandro Ordóñez, a raíz de una polémica reforma que impulsó para que el sistema de recolección de basura en la capital colombiana, operado por la iniciativa privada, retornara a la ciudad.
Desde un balcón de la sede local de gobierno, el alcalde destituido convocó de manera pacífica a una huelga general
al tiempo que acusó Santos de dar un golpe de Estado contra el voto ciudadano
al señalar que con ello demuestra su incapacidad para la paz
en alusión al proceso de negociación que realiza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Cuba, desde fines de 2012.
Petro anunció en diciembre de 2012 que Bogotá se encargaría de la recolección de basura, por lo que no renovaría no los contratos a las cuatro compañías privadas que durante años manejaron el negocio del aseo de la ciudad.
La desprivatización del sistema de recolección de basura culminó en un caos que dejó durante tres días las calles de Botogá llenas de deshechos, una situación que Petro calificó de boicot.
La alcaldía volvió a contratar el servicio de algunos operadores privados después de la crisis que se registró en la capital, con más de ocho millones de habitantes y un presupuesto anual de siete mil millones de dólares.
En reacción, el procurador general, Alejandro Ordóñez, miembro del Opus Dei, destituyó e inhabilitó a Petro por considerar que vulneró el principio de libertad de empresa
y puso en riesgo el medio ambiente y la salud humana de los habitantes de Bogotá
.
Para evitar la salida del segundo cargo más importante de Colombia, después de la presidencia, la defensa de Petro y varios de sus seguidores instauraron cientos de tutelas (amparos judiciales), que fueron rechazadas por el Consejo de Estado, que dejó en firme la destitución dispuesta por Ordóñez.
En Washington, la CIDH determinó anoche el otorgamiento de una medida cautelar a favor de Petro y pidió al Estado colombiano que suspenda su destitución e inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos hasta que el organismo pueda revisar el caso.
La destitución desató el repudio de cientos de personas que se congregaron frente a la sede de la alcaldía, para apoyar a Petro en su larga batalla legal para evitar su salida del cargo para el que fue elegido en 2012 por un período de cuatro años.
La democracia está siendo violentada
, exclamó airado Elías Quintero, un pensionado de 70 años mientras se manifestó en el lugar custodiado por la policía.
