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Sus defensores afirman que es un chivo expiatorio del hospital

Pagó ONG fianza de enfermera de Monterrey acusada de negligencia
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 5 de marzo de 2013, p. 33

Monterrey, NL., 4 de marzo.

La organización no gubernamental Renace –creada para defender derechos de procesados– pagó la fianza de la enfermera Anita Urbina Alvarado, quien después de seis meses salió del penal de Topo Chico, acusada de negligencia médica y falsificación de documentos, ilícitos cometidos hace 15 años en perjuicio de la menor Johanna Alexandra Fischer Garza, quien quedó cuadrapléjica durante su estancia en el entonces llamado Hospital José A. Muguerza.

La caución de 500 mil pesos fue pagada el 26 de febrero y, aunque ese día se dio a conocer que autoridades del nosocomio –ahora llamado Hospital Christus Muguerza– habían realizado el depósito, este lunes fuentes judiciales confirmaron que Renace pagó a petición del centro hospitalario.

El hospital Cristhus Muguerza ha sido cuestionado por varios colegios de enfermeras locales y la organización civil Frente Nuevo León, que consideran que Anita Urbina, encarcelada en septiembre pasado, es un chivo expiatorio de la institución en el caso de negligencia médica, cometida en enero de 1998 en el área de terapia intensiva, donde Johanna Alexandra, en ese entonces de 12 años, se recuperaba de una operación para cauterizarle un sangrado cerebral.

Defensores de Urbina Alvarado señalan que el hospital la despidió sólo para deslindarse de la investigación, en 2009, poco antes de conocerse el ejercicio de la acción penal contra la enfermera y cuando ésta solicitó su jubilación.

El Hospital Christus Muguerza dio vacaciones a la enfermera y se comprometió a tratar su jubilación cuando volviera; sin embargo, cuando regresó le notificaron que tenía un acta por abandono de empleo. La afectada interpuso tres demandas laborales.

La familia de Johanna Alexandra Fischer responsabiliza a los médicos Hernán Campa Núñez, Mauricio Arteaga Treviño y Roxanna Hoyos, pues el 30 de enero de 1988 le quitaron un respirador artificial sin cumplir los protocolos médicos de gradualidad, lo cual le provocó un paro cardiorrespiratorio.

La enfermera Flor Liliana Armijo Rodríguez dijo que realizó el destete ventilatorio por órdenes de la anestesióloga y fue obligada a renunciar porque se negó a cambiar su reporte.

Alejandro Covarrubias, de la agrupación Frente Nuevo León, afirmó que esto demuestra la responsabilidad del hospital.