Tegucigalpa, 12 de diciembre. Cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia hondureña fueron destituidos hoy por el Congreso nacional acusados de fallar en contra de una ley que busca depurar la policía, en una medida que fue calificada por la oposición y algunos medios de la prensa como un golpe técnico contra el Poder Judicial.

El Congreso decidió las destituciones luego de que el presidente Porfirio Lobo se quejó de que los cuatro magistrados habían declarado inconstitucionales varias leyes que había enviado al Parlamento y que fueron aprobadas por los legisladores. Además, había advertido a los legisladores que tomaran medidas al respecto, pues de lo contrario él lo haría.

Los magistrados destituidos son José Antonio Gutiérrez Navas, Rosa Linda Cruz de Williams, Gustavo Enrique Bustillo Palma y José Francisco Cruz Gaekel, que integraban la sala constitucional de la máxima instancia del Poder Judicial. Inmediatamente, el Congreso designó en su sustitución a Silvia Trinidad Santos, Víctor Manuel Lozano, Germán García García y José Elmer Lizardo Carranza.

La legislación establecía por primera vez en el país la aplicación de pruebas de polígrafo, toxicológicas, investigación de bienes y sicométricas para decidir qué oficiales y agentes podían continuar en la policía. Pero al ser rechazada, Lobo acusó a los magistrados de estar contra la depuración de la policía y en colusión para atentar contra la institucionalidad.

La decisión de los legisladores se adoptó en un ambiente tenso, con el edificio del Congreso rodeado por decenas de militares y policías. Varios legisladores consideraron el desplazamiento militar como una acción para amedrentar. No obstante, las destituciones se aprobaron por 97 votos a favor y 31 en contra, en un Congreso unicamaral que tiene 128 escaños.

El líder de la bancada opositora del Partido Liberal, Alfredo Saavedra, advirtió que el Congreso se extralimitó en sus atribuciones y que lo ocurrido es un golpe certero a la democracia, porque dos poderes del Estado se imponen sobre otro. A su vez, expertos constitucionales señalaron que el Parlamento no tiene atribuciones para destituir a ningún magistrado de la Suprema Corte de Justicia.

Lobo, quien el sábado pasado denunció la existencia de un complot para derrocarlo como sucedió con el presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, se reunió con el estado mayor conjunto para abordar la actual situación. El jefe de las fuerzas armadas, general René Osorio, dijo que se mantienen leales al gobierno y garantizarán las elecciones presidenciales de 2013.