El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar el Código Penal a fin de que, en caso de que se presuma que alguien posee recursos o bienes ilícitos, de manera directa o indirecta, tenga la obligación de acreditar su legítima procedencia.

En su exposición de motivos, el titular del Ejecutivo local detalla que estos cambios servirán para hacer más eficiente el combate a la delincuencia y cumplir con el convenio de coordinación en materia de seguridad pública, principalmente en lo referente a la tipificación de la conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

De este último punto se propone incorporar sanciones, de cinco a 30 años de prisión, a quien cometa actos de cualquier naturaleza que tengan el efecto de financiar, aportar o recaudar fondos económicos, que perturben la seguridad y paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal.

La propuesta agrega que este tipo de ilícitos son equiparables al delito de terrorismo que está tipificado en el Código Penal federal, pero que no se plantea modificar la denominación jurídica de esta conducta delincuencial por corresponder así a la política criminal del gobierno local.