El presidente Felipe Calderón firmó ayer el decreto que promulga la Ley General de Cambio Climático, con la cual se pretende que México cuente con un marco jurídico que coordine a los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil para hacer frente a los efectos del calentamiento global, a los cuales nuestro país es, particularmente, vulnerable.

En un acto en la residencia oficial de Los Pinos, al cual se citó de última hora porque no estaba en su agenda del día, Calderón aprovechó para felicitar a los legisladores, particularmente al Senado, ya que es posible superar diferencias partidistas y sacar adelante acuerdos para el interés de México. Ello en el contexto de la controversia por haber vetado el fondo por 15 mil millones de pesos para atender la emergencia provocada por la sequía, las heladas y las inundaciones en el país, el cual fue aprobado el 30 de abril pasado por la Cámara de Diputados.

En su mensaje con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ejecutivo federal dijo que la ley mencionada ofrece un contexto para que nuestro país pueda transitar a una economía competitiva, de bajas emisiones de carbono. Se trata, añadió, de una legislación de avanzada, que nos da mejores herramientas para enfrentar una de las mayores amenazas a la humanidad.

México, sostuvo, está cumpliendo su parte con creces, pero el cambio climático es un desafío que precisa una respuesta coordinada de la comunidad internacional, en la cual todos los países tenemos responsabilidades comunes pero, al mismo tiempo, diferenciadas.

Esa norma garantiza, apuntó, que México seguirá por la ruta hacia el crecimiento verde y una economía más competitiva que preserve nuestra riqueza natural para las generaciones futuras.

Explicó que la norma implementa tratados y protocolos de los cuales México es parte. Armoniza, continuó, la normatividad de la nación con los avances en las negociaciones y acuerdos internacionales en el tema de cambio climático, a la vez que prevé una estrategia nacional en la materia.

Además, crea el instituto nacional de ecología y cambio climático como organismo público descentralizado, que coordinará la investigación en la materia y valorará las políticas públicas que se establezcan. Sustituye al Instituto Nacional de Ecología.

La parte central de la legislación se centra en dos factores: mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y adaptación a los efectos, que inevitablemente habremos de enfrentar, indicó.