Buenos Aires, 8 de abril. Los correos de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, de altos funcionarios y miembros de la Corte Suprema, entre otros, fueron hackeados para utilizarlos en operaciones políticas y periodísticas por Juan Bautista Yofré, titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) junto al general retirado Daniel Reimundes, y otros dos ex agentes de inteligencia que fueron imputados en una causa de espionaje y venta de información.

Reimundes fue secretario general del ejército durante los gobiernos de Fernando de la Rúa (1999-2001) y Eduardo Duhalde (2001-2003), y dos ex agentes de inteligencia del ejército que trabajaron para la Side, Iván Velázquez y Pablo Carpintero, fueron imputados también como autores materiales e intelectuales de espionaje, hackeo de los correos y venta de información.

Además de la presidenta y dos de sus secretarios también fueron víctimas el ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzeti, la ex ministra de Defensa –ahora de Seguridad– Nilda Garré, el ex canciller Jorge Taiana y quien le sucedió, Héctor Timerman.

Igual el ministro de producción Julio de Vido, y el ex jefe de gabinete, actual senador Aníbal Fernández. La lista es muy larga; figuran además importantes conductoras de programas televisivos como Susana Giménez y conocidas actrices, actores y modelos, así como personajes políticos.

Asimismo serán indagados por la juez Sandra Arroyo Salgado los columnistas de los diarios La Nación y Perfil Carlos Pagni y Roberto García, quienes deberán responder sobre el origen ilícito de la información utilizada, informó hoy en nota de portada Página 12.

Esta causa por violación de secreto de Estado comenzó en agosto de 2006 por una denuncia de la Side, que había obtenido pruebas fehacientes al existir más de 50 expedientes. Los imputados fueron eludiendo a la justicia con varias acciones y decisiones judiciales que retrasaron casi seis años la causa.

A mediados de 2009 el fiscal Sebastián Basso había pedido la indagatoria, pero apenas esta semana pudo la juez enviar los citatorios para tomar las declaraciones, en uno de los grandes escándalos de los últimos tiempos.

En 2008, cuando el magistrado Lorenzeti, de la Corte Suprema, advirtió un intento de hackeo a su correo electrónico y esto llevó hasta el ex agente Velázquez, se abrió una investigación que originó el allanamiento de casas y oficinas donde se pudo obtener y analizar el software incautado. Fue allí donde surgió la realidad de que el número de las víctimas del hackeo del grupo era muy importante, tanto como las personas elegidas.

Miles de correos fueron interceptados por el grupo y el juzgado que llevaba la causa comenzó a citar a los afectados, quienes fueron reconociendo sus mensajes.

Según el informe judicial, los encargados directos de hackear los correos eran los ex agentes Velázquez y Carpintero; Yofre daba las órdenes y el grupo superior cumplía la tarea de comercializar los datos.

En imagen de archivo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien fue víctima de espionaje al igual que ministros de la Suprema Corte y varios secretarios de EstadoFoto Xinhua

Figura en este complot el periodista Carlos Pagni (La Nación), quien ha publicado notas con falsedades políticas contra funcionarios gubernamentales y fue cuestionado recientemente por diversos sectores por aludir al viceministro de Economía Axel Kicillof como judío marxista, hijo de rabino.

Otro periodista en esta trama es Horacio Alderete, quien está a cargo del portal Seprim de los viejos servicios de inteligencia ligados con la pasada dictadura; además, Edgard Mainhard, de un portal similar, Roberto García (diario Perfil) y Néstor Ick, empresario de medios de la provincia de Santiago del Estero.

La acusación en este caso es de sustracción de documentos destinados a servir de prueba y encubrimiento, por haber conocido el origen ilícito de la información y haberla utilizado a sabiendas de su ilegalidad, en beneficio propio y de terceros.

Aunque el delito de violación de secretos políticos o militares es excarcelable aquí, en este caso existe la figura de reiteración agravada que puede ser castigada con la cárcel.

Yofré, a quien varios investigadores relacionaron con la Agencia Central de Inteligencia estadunidense en tiempos de Menem, viene retardando a la justicia con denuncias y quejas, pero en noviembre de 2011 la Suprema Corte rechazó su último recurso de declarar nula la causa que lo investiga por revelar de manera ilícita y con ánimo de lucro la información contenida en correos electrónicos pertenecientes a funcionarios públicos, señaló el tribunal en su resolución.

Durante el paso de Yofre por la Side volvió a nombrar a varios militares separados por el gobierno de Raúl Alfonsín (1983 y 1989), entre ellos el teniente coronel retirado Carlos Martínez, a quien se nombró director de la Escuela de Inteligencia, a pesar de haber sido jefe de la Side durante la pasada dictadura.

Asimismo, hizo nombrar director de planeamiento nada menos que al general Pascual Guerrieri, quien tuvo a su cargo centros clandestinos de detención en Rosario (Santa Fe) y está juzgado por crímenes de lesa humanidad.

El espía Velázquez había pedido asilo en Uruguay en 2008 y ahí fue detenido por hackear correos de funcionarios uruguayos, en sus relaciones con los viejos amigos de la inteligencia de la dictadura de ese país. Entre otras pruebas que maneja la justicia, surgirían indicios que, además, vinculan a Yofre con el llamado proyecto Negro el 29, con el que el ex presidente interino Eduardo Duhalde auguraba una fuerte crisis de ingobernabilidad de la presidenta que él proyectaba capitalizar.

Este escándalo se une a lo que sucede en torno a la fuerte campaña contra el vicepresidente Amado Boudou, después que en las últimas horas un periodista (ex trabajador del Grupo Clarín) reconoció que recibía información en este caso del propio el juez Daniel Rafecas, quien incluso lo llamó al estudio de TV cuando estaba entrevistando a Boudou. Rafecas habría entregado una nota a la prensa, entre otras graves irregularidades.