Washington, 8 de diciembre. Los efectos de la operación Rápido y furioso, que permitió que los cárteles mexicanos del crimen organizado obtuvieran armas en Estados Unidos, se sentirán durante años, declaró este jueves el fiscal general estadunidense Eric Holder.

Es una realidad desafortunada, continuaremos sintiendo los efectos de esta fallida operación durante años, dijo Holder en una audiencia ante el comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes.

Rápido y furioso fue un programa que permitía, bajo conocimiento de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por su sigla en inglés), la compra de armas automáticas en Estados Unidos por personas vinculadas a cárteles mexicanos de la droga.

Probablemente habrá gente que sufrirá daños a causa de esas armas que continuarán apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera, añadió el procurador.

Unas 2 mil armas semilargas, compradas durante meses por personas ligadas a grupos delictivos mexicanos, fueron introducidas en México bajo conocimiento de la ATF.

El objetivo era rastrear esos rifles, pero el escándalo estalló cuando un agente de la policía fronteriza estadunidense murió a balazos el año pasado y se descubrió que una de las armas halladas en la escena del crimen pasó ilegalmente a México bajo supervisión del programa.

Más de 64 mil armas de las 94 mil que decomisó México en cinco años, es decir, casi 70 por ciento, provenían de Estados Unidos, declaró Holder.

El director de la ATF fue removido de su cargo a causa del escándalo, que también provocó dimisiones de autoridades policiales en Arizona, fronterizo con México, y principal afectado por esta problemática. La investigación continúa y Holder aseguró que los responsables rendirán cuentas, pero el fiscal general tuvo que reconocer que, oficialmente, aún no sabe quién fue el número uno que ordenó el arranque del programa.

Usted es el responsable, le espetó uno de los legisladores que lidera las investigaciones, el republicano, jefe del subcomité de Contraloría, Darrell Issa.

La audiencia tuvo momentos de tensión entre los republicanos que exigen la dimisión de Holder, y los demócratas, que defendieron al procurador y recordaron que programas para rastrear armas rumbo a México ya existían bajo la precedente presidencia de George W. Bush.

Issa amenazó a Holder con enviarle una citación para que vuelva a testificar en enero para que siga explicando, entre otros, por qué unos 5 mil correos electrónicos investigados por los legisladores no contienen ningún mensaje directamente de Holder acerca del escándalo.

Después de todo este tiempo, aún no sabemos quién sabía qué, cuándo y quién tomó las decisiones, se lamentó el también republicano Dan Lufgren.

Los demócratas defendieron a Holder, recordando que en Estados Unidos aún es posible comprar armamento en ferias ambulantes, y que no hay límites para adquirir armas de asalto como las que fueron rastreadas durante Rápido y furioso.

Holder reiteró que se enteró del escándalo después de ser alertado por congresistas, en enero de este año.

El fiscal general, sin embargo, reconoció que nunca habló con el presidente Barack Obama del programa, a pesar de que el mandatario le ha declarado su apoyo explícito.

Al preguntársele si México conocía la existencia del programa, Holder respondió: No en la forma en que fue llevado a cabo.