DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER
SUPLEMENTO MENSUAL  DIRECTOR: IVAN RESTREPO  
EDICIÓN: LAURA ANGULO   28 DE NOVIEMBRE DE 2011 
NUMERO ESPECIAL


Portada

Presentación
Karina de la Rosa y
Horacio de la Cueva

La ciencia pesquera, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable
Felipe Amezcua Martínez

Sobre el ordenamiento de pesquerías ribereñas en México
Mauricio Ramírez-Rodríguez

Ley de costas y mares: una necesidad para México
Jazmín Santinelli

La protección de áreas naturales como instrumento de manejo de recursos
Pablo del Monte-Luna, Mónica Georgina Rivera, Daniel Lluch-Belda y Francisco Arreguín-Sánchez

La pesquería de tiburón en el Pacífico central mexicano
Heriberto Santana Hernández y Juan Javier Valdez Flores

PANGAS: un compromiso con la sociedad y la conservación de los recursos marinos y costeros
Marcia Moreno-Báez, Miguel Lavin y Tad Pfister


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Correo electrónico:

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La protección de áreas naturales como instrumento de manejo de recursos

Pablo del Monte-Luna, Mónica Georgina Rivera,
Daniel Lluch-Belda y Francisco Arreguín-Sánchez

Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar (Cicimar)
Correo electrónico: [email protected]

Introducción

El establecimiento de áreas naturales con el fin de proteger los bienes y servicios que en ellas existen es una práctica antigua. Desde la Edad Media, los monjes budistas destinaban zonas “sagradas” en las que se prohibía todo tipo de actividad extractiva. En el siglo XIX, la nobleza, por decreto real, reservaba territorios exclusivos para la cacería. A fines de ese mismo siglo, no obstante, la protección de áreas quedó a cargo del estado y con ello el provecho de particulares trascendió al beneficio a largo plazo de la sociedad. Casi un siglo después, este cambio formaría parte de lo que ahora se conoce como desarrollo sustentable.

La primer área natural protegida (ANP) del mundo decretada en 1872 fue el parque Yellowstone al noroeste del estado de Wyoming, en Estados Unidos. En México, el Desierto de los Leones, cerca de la Ciudad de México, fue declarado en 1876, por el entonces presidente Porfirio Díaz, como la primer ANP del país.

Así, la protección de áreas actualmente representa un instrumento universal de conservación y manejo de recursos renovables y no renovables. Esta estrategia fue bien recibida por la comunidad científica y aunque en un principio se aplicó en el medio terrestre, posteriormente se extendió al medio marino. En 1935 se designa al parque nacional Dry Tortugas (en los cayos de Florida, Estados Unidos) como la primer área marina protegida (AMP). En México, la primer AMP fue el santuario de la ballena gris en la laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, establecida en 1972. Esta área es mundialmente reconocida como sitio idóneo para contemplar a la ballena gris en su hábitat natural.

Áreas protegidas como instrumento de manejo: implicaciones prácticas

El establecimiento de un ANP por parte del Estado, ya sea en la tierra o en el mar, con el fin de administrar el capital natural en beneficio de la sociedad tiene varias implicaciones. Primeramente, toda demarcación que haga el hombre del medio natural es subjetiva. A menos que se trate de lugares con fronteras físicas evidentes como las islas o lagos, en general los ecosistemas suelen conectarse unos con otros por barreras muy sutiles que conforman un gradiente.

Por ejemplo la vegetación en la base de una montaña puede estar compuesta por matorrales de baja altura y cambia poco a poco a medida que subimos hacia la cima, donde predominan árboles grandes y frondosos. Ya que el cambio es tan gradual, no es posible decir en qué punto termina uno y comienza el otro. En el medio marino la situación es similar.

Una playa rocosa puede convertirse paulatinamente en una zona arenosa o mostrar brotes cada vez más densos de vegetación hasta dar lugar a un manglar; en sentido vertical, una zona somera tarde o temprano se convierte en una profunda. De esta forma, si se tuviera que trazar una línea imaginaria para separar un ambiente del otro, tendría que hacerse de manera arbitraria.

Otra implicación importante en la delimitación de áreas protegidas es que se conozca relativamente bien lo que sucede en ellas y en sus proximidades. Si un territorio es suficientemente homogéneo en cuanto a sus características físicas y ecológicas como para que hacia su interior no haya forma de diferenciar cuantitativa y cualitativamente una zona de otra; entonces no habrá un criterio para hacer demarcaciones. En cambio, si en una región existe algún ambiente que puede ser razonablemente bien discernible del resto, como por ejemplo un arrecife de coral en la franja costera, entonces podría tener sentido circunscribirla. La designación de una parte del territorio nacional con el objetivo de beneficiar a la sociedad en su conjunto supone, a su vez, que dicha área posee atributos que van más allá de su belleza natural.

Deben ser características de relevancia social, económica y ecológica y, sobre todo, que puedan cuantificarse, como la productividad biológica, mayor abundancia y número de ciertas especies (comerciales) y que en ella ocurran procesos naturales críticos como la congregación de individuos para su reproducción, la captación de agua o la consolidación de sustrato, con mayor intensidad que en cualquier otro sitio circundante.

Otra implicación que identificamos es determinar cuán efectivas son las áreas protegidas como instrumento de manejo de recursos naturales. La evidencia científica que existe en la actualidad no permite responder de manera inequívoca esta pregunta. Se conocen tantos casos en los que, tras el establecimiento del área, se incrementan los bienes y servicios naturales en comparación a otras áreas, como aquellos en los que no es posible detectar cambios evidentes, por ejemplo en los rendimientos pesqueros dentro de una zona costera protegida con respecto a los que se obtienen fuera de ella.

Para conocer con cierto grado de certidumbre si existen cambios deseables y significativos dentro de las áreas protegidas como resultado de su creación es imprescindible contar con referencias escalares o vectoriales. Como se mencionó, los objetivos del establecimiento del área tienen que ser cuantificables. Si se pretende que dentro del área aumente la población de una especie en particular, ésta se tiene que medir durante un tiempo razonable (años, tal vez) en términos del número de individuos o biomasa dentro y fuera del área. Después, deben definirse al menos dos puntos de referencia para saber cómo se encontraba la variable antes y cómo se espera que se modifique después de establecer el área (igual, dentro y fuera de ésta).

Más aun, es imprescindible determinar si el cumplimiento del objetivo en cuestión representa el mayor beneficio posible para la sociedad y el mínimo costo ecológico en comparación con otras estrategias de manejo. Una vez habiendo cumplido al menos estos requisitos, será posible comenzar a evaluar la efectividad de las ANP y las AMP como instrumento de manejo de recursos para saber en qué casos conviene adoptarlas por encima de otros esquemas.

Corolario

Es posible que la falta de claridad, y por lo tanto la cuantificación y seguimiento, de los objetivos que se persiguen al proteger áreas naturales sea su mayor debilidad, ya que implica que no se tiene información suficiente acerca de los procesos naturales que en ellas operan y su cambio a través del tiempo. Por ejemplo se sabe que durante el fenómeno natural de El Niño, la cantidad de organismos que constituyen la base de la cadena alimenticia en el mar (microalgas) disminuye por falta de nutrientes, lo cual repercute en las especies que dependen directa (herbívoros) e indirectamente (carnívoros) de éstos, provocando una reducción general en el número y abundancia por especie en el ecosistema.

Si el propósito declarado es conservar la biodiversidad e integridad ecológica del área protegida sin tener conocimiento de este tipo de cambios, sería prácticamente imposible cumplirlo ya que el comportamiento natural de las variables de interés es incompatible con lo que implica el objetivo.

En este ejemplo en particular, se debiera definir explícitamente: 1) qué se entiende por biodiversidad e integridad ecológica; 2) qué unidades de medición se utilizarán (número de especies, abundancia relativa por especie, heterogeneidad genética, flujos de materia/energía entre especies, número y magnitud de relaciones entre especies, etc.); 3) cómo estas variables pueden responder a los cambios naturales que ocurren en el área y fuera de ésta, y 4) en qué sentido la conservación de la biodiversidad e integridad ecológica beneficiaría a la sociedad en relación a otras estrategias de manejo. En caso contrario, se podrían estar invirtiendo recursos y esfuerzos en perseguir objetivos inalcanzables y socialmente irrelevantes.

Una de las consecuencias de fijar objetivos ambiguos es que se declaren oficialmente ANP o AMP, pero que no se investigue rigurosa y metódicamente si están surtiendo el efecto deseado. Otra consecuencia potencial todavía más importante es que se protejan áreas naturales sobre la base de intereses distintos a los que originalmente motivaron su concepción: obtener de forma permanente el máximo beneficio posible para la sociedad, al menor costo ecológico, a través de la óptima administración de los recursos que ofrece la naturaleza.

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