El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a discutir ayer una solicitud de cambio de jurisprudencia, la cual propone que todos los jueces del país (locales y federales) estén facultados para no aplicar leyes que consideren inconstitucionales porque vulneran los derechos humanos.

La ministra Olga Sánchez Cordero presentó la petición ante el pleno, con la cual busca que el máximo tribunal concrete en criterios jurídicos obligatorios la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Rosendo Radilla (desaparecido en 1974, durante la guerra sucia), la cual emitió resoluciones vinculantes para los tres poderes del Estado mexicano en materia de protección a los derechos fundamentales. A pesar de que la ministra señaló que el fallo de la Corte sobre el tema Radilla marca un hito en materia de protección a las garantías básicas y que el cambio de jurisprudencia se justifica también con las reformas constitucionales de junio pasado en materia de derechos humanos y amparo, Salvador Aguirre Anguiano, Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo se apresuraron a descalificar la solicitud de la ministra.

La intención, explicó, es que todos los jueces puedan interpretar la Constitución en el ámbito de sus competencias y la Corte se mantenga como intérprete privilegiada de la Constitución mexicana con competencias exclusivas.

Cabe señalar que antes de que la Corte se pronunciara sobre la resolución de la CIDH se había mantenido la tesis de que el máximo tribunal y el Poder Judicial de la Federación eran los intérpretes exclusivos de la Constitución.

Al admitir la decisión en el caso Radilla, los ministros señalaron que los jueces locales están facultados para interpretar la Carta Magna y no aplicar leyes que contravengan la propia Constitución o los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos.

Sin duda, subrayó Sánchez Cordero, es sumamente importante que el pleno deje atrás una jurisprudencia que subsistió por años en la Corte y en tribunales y juzgados federales.

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia añadió que la sentencia de la CIDH fija una confrontación radical entre la jurisprudencia de ejercicio de jurisdicción constitucional concentrada que llevamos sostenida y la nueva orden que debe cumplirse, en el sentido de que todos los jueces de México deben hacer control de la constitucionalidad y de convencionalidad en materia de derechos humanos.