A 15 días que concluya el periodo de sesiones en el Congreso, el presidente Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa para sancionar hasta con el decomiso de bienes a empresas, bancos, aseguradoras y otros organismos del sistema financiero responsables de operaciones ilegales que se cometan bajo su nombre o bajo su amparo en beneficio del narcotráfico y el crimen organizado.

La reforma al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales traslada a compañías e instituciones bancarias y de seguros la responsabilidad penal por delitos ligados al narcotráfico que cometan sus representantes legales o quienes se ostenten como tales.

Para bancos y empresas con operaciones ligadas al narco habrá, además de multas de mil a 10 mil días de salario mínimo, inhabilitación para participar en licitaciones y contratos con el sector público y la exhibición pública, ya que la sentencia penal se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional.

En la exposición de motivos de la iniciativa, Calderón sostiene que con esa propuesta no pretende generar incertidumbre o impactos económicos en las empresas o en el sector financiero, por lo cual se deberá evitar en todo momento que con el decomiso se afecte al usuario público o al sistema de pagos.

También se busca evitar un posible desequilibrio en el sector o una afectación generalizada en la economía nacional, con lo que se demuestra que las sanciones únicamente buscan el estricto apego al estado de derecho.

Bancos y empresas responsables de operaciones ilegales serán objeto de decomiso, ya que perderán los bienes instrumento, objeto y producto del delito o los bienes cuyo valor sea equivalente, cuando éstos han desaparecido.

El término personas morales es sustituido en la iniciativa presidencial por el de personas jurídicas de naturaleza privada, y se crea un régimen de responsabilidad penal al que podrán ser sujetas para evitar su impunidad.

El Ejecutivo argumenta que aunque nuestro código sustantivo dispone que serían responsables de las actividades ilícitas que fueran cometidas a su nombre, bajo su amparo o en beneficio de ella, resultan inaplicables por la dificultad de vincular la acción de un individuo con la responsabilidad de las personas jurídicas respecto a la posible comisión de delitos del primero.

La iniciativa contempla atenuantes para las instituciones financieras que colaboren con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos o, en su caso, para la presentación de los probables responsables de la comisión del delito. También, para la empresas y bancos que cuenten con un órgano de control que vigile el apego al marco legal y la prevención de los delitos.

Calderón argumenta que algunas de nuestras leyes han sido rebasadas por la complejidad del fenómeno delictivo, por lo que es necesario adecuar el marco jurídico a las nuevas realidades.

En caso de no hacerlo, el incremento de la impunidad generará que la delincuencia prolifere aún más, advierte.

El Ejecutivo plantea crear dos tipos penales, el de confabulación y facilitación delictiva para sancionar toda conducta que implique apoyo o colaboración a grupos de la delincuencia organizada o asociaciones delictuosas.

Se incluye a jóvenes, en su mayoría menores de edad, que vigilan instituciones de seguridad pública y cuarteles de las fuerzas armadas para informar a las bandas del narco de las actividades que realizan. La pena por este delito es de 15 años de prisión.

Los delitos de alguna banda podrán imputarse a cualquiera de sus integrantes, aun cuando no hayan participado directamente en la comisión del hecho que se juzgue, bajo la óptica de que los actos individuales permiten el funcionamiento de la organización.

Así, se incorpora al orden jurídico la figura de injusto colectivo con el fin de imputar la responsabilidad penal a quienes de alguna forma participen o se beneficien de los ilícitos cometidos por el grupo delictivo.

Al respecto, el senador perredista Pablo Gómez cuestionó: ¿para qué quiere Calderón más leyes, si no las aplica? Nos sigue pidiendo y pidiendo leyes cada vez más complicadas. ¿Para qué toda una maraña jurídica, si lo que tenemos es una ineptitud manifiesta de todo el aparato gubernamental y de procuración de justicia?