En un proceso de votación polémico, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) declaró infundado el procedimiento sancionador contra la arquidiócesis primada de México, la cual quedó exenta de responsabilidad, pese a que su vocero, Hugo Valdemar, incurrió en violaciones a la ley.

El ministro de culto hizo acusaciones y descalificaciones contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante la aprobación de la ley que regula los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En el proyecto original el organismo electoral se había propuesto confirmar que se transgredieron la Constitución, el código electoral y la ley de asociaciones religiosas, que prohíbe a los ministros de culto hacer declaraciones públicas a favor o en contra de un partido político.

El IFE sólo confirmó el proyecto para declarar responsable al vocero de la arquidiócesis, Hugo Valdemar Romero, por lo que envió el expediente a la Secretaría de Gobernación (SG), la cual –a juicio del instituto– es la única que puede iniciar un procedimiento para eventualmente amonestar y sancionar al presbítero, según los pasos que marcan la ley y el reglamento de asociaciones religiosas y culto público.

También declaró infundado el procedimiento sancionador contra el arzobispo Juan Sandoval Íñiguez y la arquidiócesis de Guadalajara, al determinar, en el caso del prelado, que las declaraciones emitidas en agosto pasado en contra de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el jefe del Gobierno del Distrito Federal no constituyen inducción a la abstención o a votar a favor o en contra de un candidato o partido político.

Durante la sesión del Consejo General, el IFE atendió así las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de un largo proceso iniciado en agosto pasado, cuando el PRD presentó la queja correspondiente, la cual, en principio, el IFE se negó a resolver de fondo, y sólo turnó el caso a la SG.

El PRD apeló ante el TEPJF, que el 24 de noviembre ordenó al instituto analizar y resolver a fondo, lo cual ocurrió ayer. Sin embargo, tras un largo debate, se suscitó un hecho sin precedente, porque si bien se aprobó en lo general el proyecto de resolución, en lo particular el asunto quedó en el aire.

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, sometió a votación la propuesta del consejero Alfredo Figueroa (para fincar responsabilidad plena de la arquidiócesis y no sólo, como proponía el proyecto de resolución, por no haber vigilado la correcta actuación de su vocero).

Esa opción sólo fue secundada por el consejero Marco Antonio Baños, por lo que sometió enseguida otra propuesta –planteada por los consejeros Benito Nacif y Macarita Elizondo– para que se dejara sin culpa alguna a la arquidiócesis. Esta opción tampoco fue aprobada, pues sólo contó con el apoyo de los dos consejeros en mención.

Enseguida, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, dio cuenta de la no aprobación y se intentó pasar al siguiente punto de la sesión. Entonces los consejeros y representantes de partidos políticos manifestaron su desacuerdo con el método, en particular porque se dejaba sin cumplimiento la orden del tribunal.

Después de varias mociones de orden, Leonardo Valdés optó por ordenar una tercera votación, la cual fue aprobada por cuatro votos, incluido el del consejero presidente; es decir, en sentido contrario al proyecto que había aprobado horas antes.

El consejero Baños alegó que aquello era un error porque ante la actual composición extraordinaria del Consejo General (faltan tres de los nueve consejeros) estaban frente a un empate: sumando los votos de los tres consejeros (Baños, Figueroa y el propio Valdés) que, con matices, estaban a favor de declarar fundado el procedimiento sancionador a la arquidiócesis.

Al final, el PRD anunció que impugnará ante el tribunal la decisión del IFE.