cuatro días de haber dado por cerrada la investigación en torno a la muerte de la menor Paulette Gebara Farah y de haber concluido que ese fallecimiento se debió a un accidente, Alberto Bazbaz Sacal, hasta ayer titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), renunció a su cargo en medio de un profundo desprestigio personal y de una extendida pérdida de confianza ciudadana hacia la dependencia que encabezó y hacia la institucionalidad mexiquense en general.

Preferible a la dimisión de ayer habría sido una destitución hace por lo menos un mes, cuando resultó evidente que la investigación del caso Paulette no tenía más rumbo que el de los errores persistentes: de entrada, el servilismo obsequioso hacia una familia pudiente que contrastó con la falta de interés y la abulia que provocan en las autoridades los muchos otros casos de niños desaparecidos en el estado de México y cuyos familiares, de escasos recursos, no pueden aspirar a una atención personalizada como la que brindaron los más altos funcionarios de la procuraduría mexiquense a la familia Gebara Farah; luego, el ahora ex procurador promovió, con insinuaciones y filtraciones a los medios –carentes de sustento, según sus propias conclusiones–, el linchamiento social y mediático de la madre de la menor fallecida, Lissette Farah (quien se quejó de haber sido golpeada por su esposo en las instalaciones mismas de la PGJEM, sin que interviniera ningún funcionario y sin que haya habido interés en investigar el hecho); las empleadas domésticas Érika y Martha Casimiro Cesáreo sufrieron un largo hostigamiento policial y el cateo de domicilios de parientes suyos; por añadidura, los encargados de la investigación actuaron con descuido injustificable en el sitio central de la pesquisa y, por si fuera poco, el propio Bazbaz sostuvo en público que la menor había sido asesinada.

La perla que coronó esa larga secuencia de atropellos, despropósitos y torpezas, fue la conclusión, presentada la semana pasada por el ahora ex procurador, de que Paulette se había asfixiado de manera accidental y que su cadáver había permanecido nueve días al pie de su cama, sin que nadie, ni familiares ni agentes investigadores que pulularon por la habitación se dieran cuenta.

Tan grave como la manifiesta incapacidad del funcionario para resolver el caso fue el empecinamiento de Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, en mantener en el cargo, contra viento y marea, a Bazbaz. Casi 40 días después de la desaparición de Paulette, cuando ya el desempeño de su procurador resultaba insostenible, Peña Nieto afirmó: Confiamos en él y por ello sigue ahí.

Así como resulta inaceptable la versión oficial finalmente pergeñada y difundida, no se debe permitir que la dimisión tardía de Bazbaz sea usada como medida de control de daños para poner punto final a este sórdido episodio. Es necesario, en cambio, rehacer la investigación en torno a la muerte de Paulette Gebara Farah, no sólo porque la explicación de la PGJEM es a todas luces inverosímil, sino también porque cabe presumir que, en el curso de la impresentable indagatoria, diversos funcionarios públicos pudieron cometer delitos y violaciones a los derechos humanos.

Una vez que se dio a conocer la dimisión de Bazbaz, Peña Nieto, lejos de asumir su propia responsabilidad y la de su subordinado, se quejó de que los partidos quieran llevar la ganancia política a sus terrenos. Se equivoca el gobernante: el desastroso manejo oficial en torno a la muerte de la niña Paulette Gebara no puede producir ganancias a nadie; se traduce, en cambio, en graves pérdidas para la credibilidad de la justicia en el estado de México y en el país, y en un rotundo descrédito a las instituciones mexiquenses en su conjunto.