El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) presentó ante el órgano interno de control una denuncia contra el comité de información de la Procuraduría General de la República (PGR), por poner en riesgo la integridad física de una mujer que requirió documentos sobre la averiguación del homicidio de su esposo, el cateo efectuado por agentes en su domicilio y la intervención de su línea telefónica.

El comité de información de la PGR subió a Internet los datos de la particular, amenazada de muerte. Incluso, los datos (nombre, teléfono y domicilio) podían ser ubicados mediante el buscador de Google.

La comisionada María Marván calificó el hecho de grave descuido en el manejo de los datos personales en posesión del sector público, por lo cual el pleno del IFAI emitirá una alerta al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez.

En el documento dirigido al procurador, afirmó Marván, se pedirá que se realice una averiguación previa o se aplique una sanción administrativa a quien resulte responsable, con el fin de que se tome clara conciencia (del daño) y se tomen medidas.

El pleno ordenó a la Policía Federal que entregue los nombres de los narcotraficantes detenidos en 2009, que obran en fuentes de acceso público, como boletines, conferencias de prensa y otros documentos emitidos por ésa y otras instancias.

El comisionado autor de la ponencia en que se señala que se violó la difusión de los datos personales (5130/09), Ángel Trinidad, manifestó extrañeza por el procedimiento (de la PGR) en torno a la solicitud.

Primero, por la respuesta que recibió la afectada al pedir los documentos sobre la orden de cateo en su domicilio emitida por un juez, la denuncia que originó el cateo, la orden de intervención telefónica, los bienes que tomaron durante el cateo, la denuncia de su esposo a la PGR antes de ser asesinado, y otros.

Trinidad agregó que sorprendió la respuesta de la PGR porque alegó que la ley de transparencia sólo permite entregar información, no documentos.

La aseveración es absolutamente infundada. Parece que la PGR, después de tantos años, aún no entiende que la ley precisamente regula el acceso a documentos.

También extrañó la prórroga que pidió para buscar la información, que al final reservó 12 años (clasificación que ratificó el IFAI).