Sin aviso alguno, desde enero pasado el gobierno federal puso fin a los llamados operativos conjuntos contra el crimen organizado, que constituyeron la primera estrategia del presidente Felipe Calderón para combatir los cárteles que operan en México.

La nueva táctica consiste en que cada dependencia involucrada lleve a cabo sus propias labores de inteligencia y, en caso necesario, intercambie datos con otras instancias para realizar acciones como lucha contra el tráfico de drogas, detenciones de gente importante para las organizaciones criminales o bien se ataquen bodegas donde se guardan enervantes o casas de seguridad de los capos, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Actualmente, cuando dos o más dependencias trabajan en conjunto se le llama operaciones coordinadas, como ocurre en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Las fuentes consultadas indicaron que ahora, desde la Secretaría de Gobernación se coordinan las acciones que otras dependencias deben realizar en cuanto al combate al crimen organizado.

Los operativos conjuntos surgieron en diciembre de 2006, como la primera acción del gobierno de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga, y se iniciaron en Michoacán, el estado natal de Calderón. Luego, la ola de violencia entre los cárteles y contra las autoridades obligaron a que se extendieran a Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Durango, Baja California, Coahuila y Sonora.

El 27 de febrero de 2007, al participar en la sexta convención nacional de la American Chamber, Calderón se dijo satisfecho por los resultados que su gobierno había obtenido en la lucha contra la inseguridad, y afirmó: hemos hecho lo que teníamos que hacer para recuperar el control.

A su vez, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, declaró: hemos trabajado con firmeza y pasos sostenidos.

Sin embargo, desde el inicio los militares no se sujetaron a mandos civiles y los policías federales no aceptaron las órdenes de los soldados, de acuerdo con declaraciones de funcionarios federales, que en su momento también fueron hechas por el comisionado de la extinta Policía Federal de Caminos Javier Herrera Valles, quien luego de denunciar anomalías en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal fue acusado de colaborar con el narcotráfico.

Salen a la luz los diferendos

En 2009, luego de dos años de haberse instaurado los operativos conjuntos y de haber movilizado a más de 10 mil soldados y 7 mil policías federales, durante una reunión del gabinete de seguridad nacional salieron a relucir la falta de coordinación y la disputa por los liderazgos en cada entidad.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo sus agentes del Ministerio Público siempre en sus delegaciones y a la espera de ser llamados, no acompañando a militares o policías federales en los patrullajes que se realizaban.

Según dijeron, Michoacán y Chihuahua fueron los peores ejemplos. En la primera entidad, en 2009 varias instalaciones y grupos de policías federales fueron atacados, en algunos casos hubo hasta levantones y ejecuciones de elementos.

En el caso de Chihuahua, el Ejército no patrullaba con los policías ni zonas urbanas ni rurales. Luego de un año en que los militares cumplieron labores de seguridad pública, desde hace unos días sólo la Policía Federal se hace cargo de patrullar la zona urbana y envió a los soldados a cuidar los accesos a esa comunidad fronteriza.

Según información de la SSP federal, entre los resultados conocidos de los llamados operativos conjuntos, en el periodo septiembre de 2008-julio de 2009 se encuentran: la captura de 4 mil 947 presuntos delincuentes detenidos en flagrancia y de 4 mil 214 indocumentados, aseguramiento de 761 armas largas y 984 cortas, 303 mil 656 cartuchos, 11 lanzagranadas, 59 toneladas de mariguana y dos de cocaína, y más de 18 millones de pesos.