La ley forestal de 1960, vigente hasta la década de los 80 del siglo pasado, establecía que los recursos forestales podían ser explotados por quienes tuvieran capacidad técnica y financiera; los campesinos no la tenían. Eso dio impulso a las concesiones forestales.

Cuauhtémoc Cárdenas, subsecretario forestal durante el gobierno de José López Portillo, e ingenieros agrónomos sensibles, relata Gonzalo Chapela, académico de la Universidad Autónoma Chapingo, empujaron desde el Estado la idea de la silvicultura comunitaria.

En 1986 se publicó una nueva ley forestal, que cambió el sentido de la apropiación de los recursos y concesiones forestales, para dar paso a la formación de empresas sociales, con un repunte de la productividad y oferta de madera.

Las empresas, explica, se replegaron al área industrial y el desmonte de los bosques lo dejaron a los campesinos. Es en este contexto en que se crea la primera comisión forestal, que se vuelca en la línea de promover el mejor uso y aprovechamiento con capacitación para las comunidades.

En 1992, con el impulso de Luis Téllez, subsecretario de Agricultura en el sexenio de Carlos Salinas, se modificó la legislación. Los ejidos pasaron a ser dueños de las tierras; las podían rentar o vender, y se promovieron las plantaciones forestales. Con Julia Carabias al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, se modificó esa ley en 1997 para mitigar el daño que había dejado la anterior. Sólo permaneció cinco años, ya que en 2003 se volvió a cambiar.