El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunció que reducirá 5 por ciento su propuesta presupuestal para el año entrante respecto de los recursos ejercidos en 2009.

El ajuste representa cerca de 90 millones de pesos. De un presupuesto vigente de poco más de 2 mil millones, los magistrados del tribunal consideran que ante la situación económica pueden bajar sus necesidades operativas a mil 994 millones.

María del Carmen Alanís, magistrada presidenta del TEPJF, comentó que la semana próxima enviarán su propuesta a la Cámara de Diputados y que la reducción de 5 por ciento representa un esfuerzo, porque en 2010 los procesos electorales serán intensos.

–¿Los sueldos de los magistrados seguirán en el mismo nivel?

–A partir de 2010, como saben, la reforma constitucional obliga a modificar los salarios de quienes se incorporen a los cargos de magistrados.

Estamos haciendo (con otras instancias del Poder Judicial) los ajustes para que sean canceladas todas las prestaciones extraordinarias que obliga la Constitución y sí, será a la baja, como bonos y aportaciones extraordinarias, así como en el seguro de gastos médicos mayores.

Sobre el desencanto hacia los procesos electorales y las críticas que ha recibido el tribunal federal (especialmente por los altos sueldos de sus magistrados y casos de presunta corrupción), admitió que los ciudadanos han demostrado su desapego a aspectos de la política a escala mundial.

Aseveró que en el caso del TEPJF no ha habido ningún asunto probado de sus funcionarios, y lo subrayo: en el tribunal electoral no hay corrupción y no se ha probado ningún asunto.

Al término de su participación en la ceremonia por el Día Internacional de la Democracia, promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la magistrada destacó que en el TEPJF han promovido la transparencia “para que los ciudadanos confíen en nuestra gestión.

Creo mucho en la transparencia, tanto en nuestras decisiones jurisdiccionales como en el manejo administrativo. Entonces, cada vez que se hace un cuestionamiento de este tipo de situaciones al tribunal electoral, exigimos que se pruebe y aclaramos, cuando se hacen comentarios que son falsos.

Respecto al conflicto interno por la compra truncada de un edificio que serviría de sede al tribunal (proceso en el cual hubo acusaciones de tráfico de influencias y corrupción), informó que el asunto ya fue resuelto.

Desde 2008 está en la página de Internet del tribunal. Fueron dos instancias, la comisión de administración y la sala superior. Ese asunto es cosa juzgada. Se trata de un caso de responsabilidad administrativa y la sanción fue una destitución e inhabilitación de una funcionaria, apuntó.