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Bombardeo de la ISAF dejó 30 civiles y 69 rebeldes muertos: comisión creada por Hamid Karzai

Perecen 50 presuntos talibanes en combates con tropas invasoras en el oeste de Afganistán

Grupos de derechos humanos y sindicatos piden investigar el deceso del periodista Sultan Munadi

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Una afgana espera recibir paquetes de comida distribuidos por turcos, con motivo del ramadán, ayer en KabulFoto Ap
 
Periódico La Jornada
Lunes 14 de septiembre de 2009, p. 31

Kabul, 13 de septiembre. Cerca de 50 presuntos talibanes murieron en combates desatados en el oeste de Afganistán con las tropas invasoras el sábado, informaron hoy funcionarios afganos, mientras la comisión encargada de investigar el ataque aéreo de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) el pasado 4 de septiembre, en la norteña provincia de Kunduz, dijo que 30 civiles y 69 talibanes fallecieron en el bombardeo ordenado por el mando alemán.

El gobernador provincial de Farah, al oeste afgano, Ruh-ul-Amin, señaló que los rebeldes tendieron una emboscada el sábado a un convoy del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en el distrito de Bala Bulok, que concluyó con tres soldados estadunidenses y siete afganos muertos.

En respuesta, las fuerzas de ocupación lanzaron ataques aéreos y dieron muerte a por lo menos 50 insurgentes, declaró Amin.

El vocero regional del ejército afgano, Abdul Basir Ghori, dijo que el área está bajo control talibán, así que no podemos decir si entre los muertos hay comandantes talibanes.

Por otro lado, la comisión creada por el presidente Hamid Karzai para investigar el bombardeo contra dos camiones cisternas robados por los talibanes el pasado 4 de septiembre indicó que 30 civiles y 69 rebeldes perecieron en la norteña provincia de Kunduz.

Mohamadula Bataj, miembro de la comisión, declaró que 30 civiles murieron y nueve resultaron heridos. Además fallecieron 49 talibanes armados, 20 no armados y 11 resultaron lesionados.

El balance del ataque sigue siendo controvertido. Fuentes periodísticas y provinciales dieron 134 muertos; la ONG Afghan Rights Monitor reportó hace unos días entre 60 y 70 civiles muertos.

La ISAF, bajo el mando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, reconoció que murieron civiles, pero no dio ninguna cifra.

En tanto, grupos afganos de defensa de los derechos humanos y sindicatos de periodistas pidieron este domingo que se abra una investigación sobre las circunstancias de la muerte del periodista afgano Sultan Munadi, quien pereció en una operación comando destinada a liberar a su colega Stephen Farrell, del diario The New York Times.

Munadi y Farrell fueron capturados la semana pasada por los talibanes en Kunduz, cuando investigaban el ataque de la ISAF.

El miércoles pasado, las tropas británicas liberaron a Farrell, aunque Munadi, de 34 años, murió durante un tiroteo ocurrido durante el operativo de rescate. Su cuerpo, acribillado a balazos, fue abandonado en el lugar y sus parientes tuvieron que viajar a Kabul para recuperarlo; en el operativo perdieron la vida también una mujer y un niño no identificado, así como un militar británico, cuyo cuerpo sí fue retirado por las tropas de la ISAF.

Los sindicatos de periodistas y los organismos de derechos humanos instaron a Karzai a que inicie una investigación seria y profunda para identificar a los responsables de este acto inhumano. Sultan Munadi fue asesinado cruelmente mientras Stephen Farrell sobrevivió y fue rescatado sin sufrir ninguna herida.

A todo esto, el gobierno del presidente estadunidense, Barack Obama, planea nuevas pautas que darán más derechos a los detenidos en la prisión estadunidense de Bagram, al norte de Kabul, según los diarios The New York Times y el Washington Post.

A cada uno de los aproximadamente 600 detenidos se le asignará un responsable militar estadunidense, quien tendrá la autoridad para buscar evidencia, incluidos testigos y material clasificado, para quien recuse la detención.

Se espera que las nuevas políticas sean anunciadas esta semana.

Los prisioneros, algunos detenidos por más de cinco años, no tienen acceso a abogados, ni tampoco el derecho a escuchar las acusaciones en su contra.