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Manifestación de apoyo tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. A la cabecera estaban Felipe González, Marcelino Camacho, Manuel Fraga y Santiago Carrilllo, entre otros. Madrid, 27 de febrero de 1981. Foto: Juan Santiso

Tiempo de transición

Alfonso Guerra

En este año 2007 se cumplen treinta años desde las primeras elecciones libres celebradas en España tras más de cuatro décadas sin que los españoles pudiesen ejercer el derecho democrático de elegir a sus representantes. Fue aquel un momento fulgurante en la transformación de una sociedad asfixiada por un régimen autoritario en una población libre y con ansia de soberanía, la travesía de la dictadura a la democracia, la transición política de España. La Fundación Pablo Iglesias ha considerado oportuno ofrecer una exposición que favorezca una mirada atenta y objetiva sobre los acontecimientos que jalonaron aquel tránsito.

¿Por qué tenemos que hablar en nuestro país de la transición política, cuando en otros países europeos tal fenómeno no se da? ¿Por qué aquí hay una transición política de la dictadura a la democracia? ¿Cómo explicar que en plena Europa hubiese un país, España, en el que durante casi medio siglo había estado secuestrada la libertad?

Situemos la realidad española en la historia de los últimos dos siglos. Los obstáculos que se alzaron en España a la posibilidad de que cristalizara una nación moderna arrancaban de muy lejos. Eran problemas crónicos de la sociedad española de los últimos siglos, y eran producto de la intolerancia, de la incomprensión, del fanatismo, del desprecio a la modernidad y de condicionamientos socioeconómicos. En estos obstáculos seculares es donde debemos buscar, en primer lugar, las claves de lo que se ha venido denominando la transición española.

Manifestación contra la represión del régimen franquista, convocada para llamar la atención de la prensa internacional presente en el festival de cine de San Sebastián, junio de 1966

En el siglo XIX y a comienzos del xx, distintos grupos, llamémoslos de progreso, modernizadores, buscaban construir un Estado moderno, rematar la revolución burguesa, siempre iniciada y nunca culminada, porque topaba con disfunciones estructurales. Se hicieron, es verdad, diversos intentos, pero fueron siempre individuales, elitistas o de grupo, y no calaron en el conjunto de la sociedad española ni llegaron a integrarse en la conciencia colectiva. Y pudiera parecer que los arbitristas o los hombres de la Ilustración se perpetuaban ya en pleno siglo xix , (los regeneracionistas, Joaquín Costa, Lucas Mallada) e incluso en el xx, en un vano empeño academicista, generoso y torpe por asentar unos hábitos y decretar unos ideales sin tener en cuenta el poder de estructuras arcaicas, pero bien arraigadas, en el entramado social de la nación. Entre otras razones, la modernización del Estado –cuya misma forma de gobierno, si monárquico o republicano, era cuestionada por unos o por otros–, no se llevará a cabo por persistir una dialéctica de hostilidad y desconfianza entre el poder político y las capas liberalizadoras de entonces; entre la oligarquía retardataria y una burguesía todavía reacia a asumir su propio papel, entre la Iglesia y los intelectuales, entre el poder dinástico y las fuerzas sociales en ascenso, entre un pasado en descomposición y un presente combativo, utópico, que aún no acertaba a abrirse camino.

Son las “dos Españas” que los poetas no han cesado de declamar o, si se prefiere, una España contradictoria que aún no había encontrado una síntesis definitiva. Los viejos males que originaban esa situación fueron desapareciendo; por ejemplo, se puso fin a la empresa colonial. Pero su desaparición, acompañada de frustraciones, creó nuevos traumas que dificultaban la adecuación del país a la necesaria modernidad y europeización. Es cierto, y creo que es justo reconocerlo, que la generación del '98, y sobre todo la Institución Libre de Enseñanza, representan importantes ejemplos del afán contemporáneo de intentar modernizar España, pero surgen al mismo tiempo cirujano de hierro, apóstoles del irredentismo. A pesar de actuar con su mejor voluntad, los intelectuales de la Segunda República española fracasan en su didactismo ilusionado y se ven desbordados por una cruenta Guerra civil o incivil, que no es sino la trágica culminación de dos siglos de incomprensiones y escaramuzas irresueltas.

Féretro de Francisco Franco durante la misa corpore insepulto en el Palacio de El Pardo, Madrid, 20 de noviembre de 1975

Las sucesivas constituciones elaboradas en España hasta entonces no habían sido expresión real de la voluntad popular; no plasmaban en su articulado el reflejo de las diferentes fuerzas sociales. No eran, en suma, más que arquetipos de los ideales políticos de los partidos de turno, de aquél al que le tocaba en cada momento gobernar. Aquellas constituciones no son en ningún caso instrumentos de trabajo efectivos para la modernización definitiva del país. Esto explica otro de los males perpetuados en España y que no se da en otros países: la permanente crisis de legitimación del poder político. La constitución de más larga duración, la de 1876, sí representa un instrumento eficaz para la alternancia en el poder de las fuerzas conservadoras y liberales burguesas, pero llega a su agotamiento precisamente por haber excluido del juego a los otros protagonistas, que reclaman ya su parcela de actuación política. Son los sectores demócratas-burgueses, regeneracionistas, que ante la cerrazón del sistema optan por el republicanismo, y las fuerzas sociales obreras en ascenso, enmarcadas en el socialismo, en el movimiento obrero, así como los sectores nacionalistas entonces en auge en algunas de las que hoy conocemos como Comunidades Autónomas. El intento modernizador que supuso la Constitución de 1931 se vería pronto truncado por el levantamiento militar y la subsiguiente Guerra civil.

Este esbozo de nuestros antecedentes históricos sirve para subrayar que el encauzamiento de la sociedad española hacia la modernidad, hacia la madurez política, no se inicia en el año 1977 con las primeras elecciones democráticas como si del súbito precipitado de un producto químico de laboratorio se tratara. Ya existe previamente un caldo de cultivo propicio que, paradójicamente, se había ido formando en el último decenio del franquismo, en el declinar de la dictadura.

El teniente coronel Tejero irrumpe, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, Madrid, 23 de febrero de 1981. Foto: Manuel Pérez Barriopedro

La dictadura había tratado de enterrar las contradicciones históricas de España simplemente ignorándolas o, lo que es peor, aniquilándolas. Pero al mismo tiempo, en la necesaria y progresiva adaptación a su entorno, iba poniendo, sin darse cuenta, los cimientos sociales de su propia sustitución. A su alrededor resurgen los elementos de una renovación que es ya inaplazable. Muestran una pujanza desconocida hasta los últimos años del franquismo y tienen a su favor un nuevo y sólido entramado de condicionamiento económicos, sociales y culturales.

Abandonado el corsé de la autarquía económica, inviable ya el aislamiento retrógrado y compulsivo, se produce en los años sesenta una serie de fenómenos que más tarde darían sus frutos. El crecimiento económico es uno de ellos; la ascendencia definitiva de la clase media es otro; la inmigración del campo a la ciudad; el acceso de los jóvenes en número hasta entonces desconocido a la universidad, así como el acceso generalizado a la enseñanza superior de capas de la clase media; el cambio cuantitativo y cualitativo de los contactos y comunicaciones del pueblo español con el exterior: millones de españoles se vieron obligados a salir de España porque no encontraban sustento –la llamada “emigración europea”–, y millones de extranjeros vinieron a España a hacer turismo; y estos flujos se concretaron en el establecimiento de una doble vía de comunicación que permitía conocer una realidad distinta a la que se vivía en los últimos años del franquismo.

Pero además hubo en España en aquellos años, en los momentos previos a la Transición , lo que puede llamarse la “revolución cultural juvenil” de una nueva generación de españoles que derriba impetuosamente las barreras con el exterior y con el pasado, y vibra al unísono con los jóvenes de otros países, se inspira como ellos en Herbert Marcuse, en los Beatles, en el Che Guevara , y está de alguna forma presente en las barricadas del Mayo de París, en las calles enlutadas de Praga por la invasión soviética o en la protesta contra la guerra de Vietnam.

El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, con los miembros de su gabinete durante el primer Consejo de Ministros tras las primeras elecciones democráticas. De izquierda a derecha, Marcelino Oreja Aguirre, Enrique Fuentes Quintana, Manuel Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez, Landelino Lavilla y Rodolfo Martín Villa. Madrid, 11 de julio de 1977

Es la generación de españoles que, ya en los umbrales de la Transición , hace suyos los claveles de Lisboa, de la revolución de Portugal, es más espontáneamente internacionalista que todas las que la precedieron, incluida la que vivió la “ la Edad de Plata” de los intelectuales de principios de siglo. Era la generación más moderna, más europea, más internacionalista que se había dado nunca, y en aquellos momentos era el símbolo de una resistencia a las consignas y los clichés envejecidos, acabados; el símbolo de un empeño de arrumbar definitivamente egoísmos y localismos inservibles.

De una forma u otra el tejido social de España había cambiado. Y no sólo en lo económico y lo social, sino también en lo cultural. La propia Iglesia española se había abierto al viento de renovación que soplaba desde la Iglesia romana postconciliar y lejos quedaban ya el espíritu de cruzada y el nacional catolicismo. El secular liderazgo político de la Iglesia sobre la sociedad española entraba en quiebra.

La sociedad española se fue haciendo más tolerante, más laica, más moderna y más alegre, pues hasta entonces había sido bastante triste. Incluso los círculos rectores del franquismo empiezan a articular mecanismos de renovación, inútiles por limitarse a lo meramente cosmético, para hacer menos traumática y menos perjudicial, también para ellos, la inevitable salida de un sistema que ya no se sostenía por estar urdido a espaldas de la población. A excepción de algunos pequeños reductos nostálgicos y soñadores, la inmensa mayoría de la sociedad española, expectante e incierta, está de hecho ya preparada para el cambio cuando se produce el agotamiento físico, biológico, de la dictadura, por la muerte del dictador.

Es honesto reconocer que cuando se inicia la transición democrática no estaban claros, ni para los que venían del régimen anterior y querían reformarlo, ni para los que estaban enfrentados a la dictadura y querían sustituirla por la democracia, los derroteros que iba a seguir el proceso de cambio. No se conocían bien las posibles resistencias ni estaba definido el método que serviría para desmontar unas supraestructuras inservibles y levantar un edificio que respondiera a los retos de aquel momento de la historia y supusiera la modernización del país y, sobre todo, la reconciliación de los ciudadanos españoles después de haber sufrido una postguerra dictatorial tan larga.

Manifestación del PSOE en Madrid. Glorieta de Quevedo, noviembre de 1975. Foto: Gustavo

Se ha hablado y escrito muchísimo de lo que en aquella etapa fue el tránsito que unos llamaban reforma y otros ruptura. La oposición democrática se inclinaba por la ruptura con el régimen anterior, por la caída total de lo que representaba el régimen de la dictadura y la sustitución por otro. Los que deseaban remodelar como democracia el régimen anterior querían una reforma que mantuviera las formas legales de éste. Por un lado, existía un aparato que necesitaba adecuarse a un irrefrenable clamor de libertad, pero quería hacerlo con un mero cambio de ropaje. Por otro, había un conjunto formado por partidos políticos tradicionales –clandestinos, prohibidos–, por fuerzas sociales, incipientes estructuras sindicales y elementos regionalistas. Las estructuras de todos ellos eran todavía muy endebles, pero disponían de un entorno potencialmente favorable y pugnaban por alumbrar una organización política completamente nueva, haciendo borrón y cuenta nueva del pasado.

El camino hacia la democracia, lo que se llamó entonces la “ruptura democrática”, no podía concebirse sino como un proceso dialéctico en el que la actuación de las fuerzas democráticas debía orientarse, por una parte, a la conquista progresiva de parcelas de libertad –de tal manera que cada conquista fuera irreversible y permitiera a la vez nuevos avances– mientras que, por otra, debía tener en cuenta la necesidad de diálogo con los sectores que, desde la otra posición, querían la reforma de la dictadura como democracia.

En esta estrategia, el instrumento básico era la combinación de los elementos de presión con los de negociación. Ambos se alimentaban mutuamente: la negociación podía avanzar en la dirección deseada en la medida en que existiera la presión y ésta servía para garantizar la continuidad de la negociación. De hecho, progresivamente, por la combinación de ambos elementos, va predominando una solución intermedia que no consiste ni en una reforma ni tampoco en una ruptura democrática, como se entendía desde la oposición, sino en lo que se dio en llamar la “ruptura pactada”. Es por encima de todo un proceso pacífico, que obvia el problema del vacío de poder y tiene tanto elementos de reforma –en el sentido de que no se quiebra la legalidad vigente–, como de ruptura, en cuanto al contenido del resultado final que se quiere alcanzar. Para ello quedarán arrinconados, ya en los primeros meses, aquellos que no fueron capaces de abordar en profundidad el proceso, y se abrirá el camino a los elementos reformadores del propio franquismo que, gracias a la suma de la presión ejercida por las fuerzas populares y los partidos de la oposición democrática, se ven abocados a una negociación orientada a desmontar, paso a paso, las ya caducas estructuras.

A lo largo de 1976 y 1977, se dan pasos significativos en esta dirección: progresiva tolerancia, más tarde legalización de partidos políticos y organizaciones sindicales, retoques del código penal para ir dando cauce a las libertades de expresión, de manifestación, de asociación, aprobación de la Ley para la Reforma Política. A partir de 1976 se abre, por un lado, una vía muy clara de reforma, más flexible, protagonizada por Adolfo Suárez, y por otra, la estrategia de las fuerzas democráticas basada en el convencimiento de que la salida del sistema será un proceso dialéctico en el que los elementos de presión popular deberán ir acompañados de una negociación.

La transición a la democracia comienza, pues, antes de que los españoles vivieran la recuperación democrática acudiendo libremente a las urnas en junio de 1977. La sociedad española había ido incubando el germen del cambio durante al menos la última década de la dictadura: con la liberación gradual de las costumbres cotidianas que significaba una provocación a los dictados del régimen, con el interés por los sistemas de vida democráticos que disfrutaban los países del entorno, con sentimientos y emociones próximas a lo que sentían los ciudadanos de las democracias europeas, con las ansias de liberación personal, política, laboral, cultural y económica, con un gran número de protestas, huelgas y manifestaciones. El pueblo español estaba preparado para el cambio cuando un grupo de hombres desde el propio seno del régimen entienden que la continuidad del sistema es inviable e insoportable. Coinciden con un conjunto de fuerzas políticas ilegales que llevaba años clamando y trabajando por la recuperación de la democracia.

Se puede, por tanto, describir el proceso de transición democrática como una combinación de presión desde abajo y liberación desde arriba. No es posible comprender el bienhadado desenlace de la Transición sin considerar el impulso principal del conjunto de la sociedad, de los trabajadores, de los estudiantes, de los comprometidos clandestinamente con la libertad, de la mayoría de los ciudadanos, como muestra la alta conflictividad laboral de la época y la intensa movilización social. Tampoco se puede aceptar una interpretación que ignore el relevante papel que tuvieron algunas personalidades: Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, el cardenal Tarancón, Fernando Abril Martorell y, con una carga simbólica excepcional, el nuevo rey, Juan Carlos I.

Manifestación ante el consulado español en París para protestar por la detención en Madrid de Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. París, 19 de abril de 1963

La exposición Tiempo de transición (1975-1982) procura establecer un equilibrio en la valoración de los protagonistas de la recuperación democrática, pues en estos años el énfasis ha recaído siempre sobre las importantes figuras que aportaron su actitud y esfuerzo para lograr el objetivo noble y generoso de hallar un lugar de encuentro para los sectores que representaban opciones ideológicas e históricas diferentes. Es el momento, pues, de resaltar el protagonismo principal del conjunto de la sociedad española. Hemos pretendido no dejar la ida por la venida, no olvidar el protagonismo de los políticos, pero subrayar el papel esencial de la sociedad.
En el umbral de la nueva sociedad libre, dos concepciones de la convivencia se enfrentaban, ambas con espíritu democrático. La de quienes desde la dictadura ideaban el desmontaje del aparato del poder, y la de los viejos luchadores por la democracia que creyeron siempre en la liberación de los ciudadanos de España. Podría decirse que los primeros representaban, sociológicamente al menos, a los que vencieron en la lejana guerra, y los segundos a los vencidos y perseguidos por sus ideas durante la dictadura. Un panorama como el descrito no contribuía a crear grandes esperanzas. Sin embargo, por una vez en nuestra quebrantada historia, el sentido común, la generosidad y la visión de futuro hicieron posible uno de esos pactos a los que algunas veces obliga la historia. Unos y otros decidieron apartar sus reclamos en aras de la busca de una posición común que favoreciera la convivencia de todos.

En un gesto sin precedentes en nuestra historia, conservadores y progresistas renuncian a las exigencias absolutas de sus proyectos, ceden parte de sus propuestas para abundar en el interés común. Este espíritu de acuerdo culmina en 1978 con la elaboración de la Constitución , que se apoya sobre el pilar del consenso. La transición democrática fue un tiempo de incertidumbre, fue un periodo difícil, no fue resultado de la evolución natural de la historia, fue un tiempo de avances y retrocesos, sobre el fondo de una crisis económica constante, con víctimas de la violencia política, con riesgos y acechanzas. Pero fue también un tiempo de libertad y, sobre todo, un tiempo de consenso. Nadie podía quedar totalmente satisfecho en sus reivindicaciones, pero nadie quedaba fuera del juego democrático, pues las reglas de convivencia garantizaban a todos la libertad, la igualdad y el respeto a las posiciones diferentes.

Firmantes de los “Pactos de la Moncloa”. De izquierda a derecha: Enrique Tierno Galván (PSP), Santiago Carrillo (PCE), José María Triginer (Federación catalana PSOE), Joan Reventós (PSC), Felipe González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV), Adolfo Suárez (UCD), Manuel Fraga Iribarne (AP), Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) y Miguel Roca (Minoría Catalana). Madrid, 25 de octubre de 1977

El acuerdo logrado no estaba exento de grandeza, como todo proceso que suponga renuncias y sacrificios. Se trataba de amnistiar al pasado sin que éste pudiera desaparecer de los recuerdos, de los sentimientos y de la filiación. Restaurar una democracia sin exigir responsabilidades, ni penales ni políticas; por el pasado dejaba pendiente el análisis, el proceso político el régimen de la dictadura, de cierta manera limitaba la libertad para recordar lo que había representado para los vencidos la larga noche de la dictadura. Era el sacrificio voluntario para garantizar una vida democrática normalizada a los nietos de la generación que alcanzaba el acuerdo. El objetivo se centraba en que los nietos no sufran nunca más la tragedia que sepultó a los españoles en una tumba de violencia y venganza. Se conocía bien a quienes originaron la tragedia, y cuánta violencia había producido, pero en la Transición se trataba de mirar hacia el futuro en paz, aunque sin olvidar el pasado.

El dilema que se presentó al final del régimen autoritario se cifraba en la elección de la secuencia temporal. Si se procedía a un proceso político al franquismo, la llegada de la democracia se vería retrasada algunos años; si se optaba por un advenimiento inmediato de la democracia, el proceso al pasado habría de retrasarse un tanto. Es justamente lo que ha sucedido. En 1977 se recuperó la democracia, veintiocho años después, la urgencia por conocer ha crecido en una gran mayoría.
La conciencia colectiva de la sociedad española ha sabido fijar las etapas de la evolución, planteando los problemas cuando la sociedad estaba dispuesta a enfrentarlos. Ella ha organizado autónomamente la cronología del desarrollo democrático, con independencia de las propuestas de organizaciones y liderazgos políticos.

Al paso de los años, algunas voces se han alzado desde posiciones críticas con la Transición. Están en su derecho, pero, a mi parecer, son erradas. hay quien presume que en aquel trance no se llegó tan lejos como se hubiera debido, mientras otro sector opina que se anduvo demasiado camino. Ante tales críticas, unos y otros suelen argüir que la relación de fuerzas del momento no permitía aumentar o reducir los cambios producidos, es decir, que si hubiesen podido habrían llegado más lejos, o no tanto, en la transformación de un sistema autoritario en otro democrático. No me parece acertado el razonamiento. A mi modesto entender, se hizo lo que convenía a España y a los españoles. Un tramo más que satisficiera a los progresistas, un tramo menos que diera cumplimiento a los deseos de los conservadores, hubiera supuesto que uno u otro sector de la población no habría aceptado el pacto constitucional, reproduciendo la división de las Españas glosada por los poetas. A mi parecer, se encontró el punto medio que ha favorecido una larga etapa de libertad y prosperidad hasta ahora desconocida en nuestra historia.

El secretario general del PSOE, Felipe González y Alfonso Guerra, saludan desde uno de los balcones del hotel Palace a los seguidores y simpatizantes del PSOE tras el triunfo en las elecciones generales de 1982. Madrid, 28 de octubre de 1982

Tres décadas después ha resurgido el afán de conocimiento del pasado. En parte debido al mito, fabricado, de un supuesto pacto de silencio y de olvido, pero también porque las jóvenes generaciones han sufrido lo que se ha denominado “el dolor diferido de los nietos”. Han querido, quieren, conocer cuánto sufrimiento se soportó en los años treinta y cómo lo vivieron sus familias. Expresan su deseo de ver definitivamente cicatrizadas las heridas producidas por la violencia de aquellos años. Es necesario un esfuerzo de comprensión y sobre todo de conversión de la guerra en historia, es preciso que pueda estudiarse, analizarse con la naturalidad con la que observamos otras etapas de la historia de nuestro país.

Con la exposición Tiempo de transición (1975-1982) la Fundación Pablo Iglesias quiere rendir homenaje a una generación que supo pactar las reglas fundamentales de la convivencia. Fue un tiempo de consenso, del que se quiere dejar constancia con la esperanza de que sea útil en la construcción civilizada del futuro.