Walden Bello** /II y última

Cómo fabricar una crisis global*

Agricultura africana: de la sumisión al desafío

La descampesinación se encuentra en estado avanzado en América Latina y Asia. Y si el Banco Mundial (BM) se sale con la suya, África marchará en la misma dirección. Como correctamente señalan Bryceson y sus colegas en un artículo reciente, el Informe mundial de desarrollo para 2008, que hace extensa referencia a la agricultura en África, es prácticamente un proyecto de transformación de la agricultura del continente, basada en campesinos, en una explotación agrícola comercial en gran escala. Sin embargo, como ocurre en muchos otros lugares hoy día, los pupilos del banco pasan del hosco resentimiento al abierto desafío.

En tiempos de la descolonización, en la década de 1960, África era en realidad exportadora neta de alimentos. Hoy el continente importa 25 por ciento de sus alimentos; prácticamente todos sus países son importadores netos. La hambruna se ha vuelto un fenómeno recurrente; sólo en los tres años pasados han surgido emergencias alimentarias en el cuerno de África, el Sahel y en las partes sur y centro del continente.

La agricultura en África se encuentra en profunda crisis, y las causas van desde las guerras hasta el mal gobierno, falta de tecnología agrícola y propagación del VIH/sida. Sin embargo, como en México y Filipinas, parte importante de la explicación es la cancelación de controles y mecanismos de apoyo gubernamentales conforme a los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM para apoyar en el servicio de la deuda externa.

El ajuste estructural acarreó descenso de la inversión, aumento del desempleo, reducción del gasto social, disminución del consumo y baja producción. Levantar los controles de precios a los fertilizantes y reducir al mismo tiempo los sistemas de crédito agrícola sencillamente condujo a una reducción en el uso de fertilizantes, cosechas menos abundantes y menor inversión. Además, la realidad se negó a conformarse a la expectativa doctrinaria de que el retiro del Estado abriría el camino para que el mercado dinamizara la agricultura. El sector privado, percibiendo correctamente que la reducción del gasto gubernamental crearía más riesgo, se abstuvo de entrar al quite. En un país tras otro, la partida del Estado alejó la inversión privada en vez de atraerla. Si bien los comerciantes privados sí remplazaron al Estado, indica un informe de Oxfam, “a veces lo han hecho en términos sumamente desfavorables para los campesinos pobres”, con lo cual los campesinos “han quedado en mayor inseguridad alimentaria, y los gobiernos, atenidos a los flujos de ayuda internacional, que son impredecibles”. The Economist, por lo regular inclinado hacia el sector privado, está de acuerdo, pues reconoce que “muchas de las empresas privadas llevadas para remplazar a los investigadores del Estado resultaron ser monopolistas en busca de ganancias”.

El poco apoyo que se permitió acopiar a los gobiernos africanos fue canalizado por el Banco Mundial a la agricultura de exportación con el fin de generar divisas necesarias para el pago de la deuda. Pero, como en Etiopía durante la hambruna de la década de 1980, esto condujo a dedicar tierra buena a cultivos de exportación, y los de alimentos se desplazaron a suelo menos apropiado, lo cual exacerbó la inseguridad alimentaria. Además, como el BM alentó a varias economías a enfocarse en los mismos cultivos de exportación, con frecuencia el resultado fue la sobreproducción, que generó caídas de precios en los mercados internacionales. Por ejemplo, el éxito mismo de la expansión de la producción de cacao en Ghana provocó un descenso de 48 por ciento en el precio internacional entre 1986 y 1989. En 2002-03, un colapso de los precios del café contribuyó a otra emergencia alimentaria en Etiopía.

Como en México y Filipinas, el ajuste estructural en África no se refirió sólo a la baja inversión estatal, sino también al desvío de esa inversión. Pero hubo una importante diferencia: en África el BM y el FMI ejercieron una microadministración, tomando decisiones referentes a con qué rapidez cancelar los subsidios, cuántos empleados públicos despedir y hasta, como en el caso de Malawi, cuántas de las reservas de granos del país había que vender y a quién. En otras palabras, los procónsules del banco y el FMI penetraron en la entraña misma de la participación estatal en la agricultura para desmantelarla.

En el impacto negativo del ajuste tuvieron parte las injustas prácticas comerciales de Estados Unidos y la Unión Europea. La liberalización permitió que carne de res subsidiada de la UE arruinara a los ganaderos de Sudáfrica. Con subsidios legitimados por la OMC, productores estadunidenses saturaron los mercados mundiales de algodón a entre 20 y 55 por ciento del costo de producción, lo que llevó a la bancarrota a campesinos de África occidental y central.

Según Oxfam, el número de africanos subsaharianos que viven con menos de un dólar al día casi se duplicó, a 313 millones, entre 1981 y 2001: 46 por ciento del continente. El papel del ajuste estructural en crear pobreza era difícil de negar. Como reconoció el economista en jefe del BM: “No creímos que los costos humanos de estos programas pudieran ser tan grandes, y que las ganancias económicas tardaran tanto en llegar”.

Malawi representa la tragedia africana desencadenada por el FMI y el BM. En 1999 el gobierno de ese país lanzó un programa para dar a cada familia de pequeños propietarios un paquete inicial de fertilizantes y semillas. El resultado fue un superávit nacional de maíz. Lo que vino después es una historia que debería ser consagrada como un clásico estudio de caso de una de las mayores metidas de pata de la economía neoliberal.

El Banco Mundial y otros donadores obligaron a reducir y a la larga eliminar el programa, alegando que el subsidio distorsionaba el comercio. Sin los paquetes gratuitos, la producción decayó. Entre tanto, el FMI insistió en que el gobierno vendiera gran parte de sus reservas de granos para permitir que la dependencia encargada de las reservas pagara sus deudas comerciales. El gobierno cedió. Cuando la crisis alimentaria dio lugar a la hambruna de 2001-02, ya no quedaban reservas. Unas mil 500 personas perecieron. El FMI no mostró arrepentimiento; de hecho, suspendió sus desembolsos de un programa de ajuste sobre la base de que “el sector paraestatal continuará representando riesgos a la exitosa aplicación del presupuesto 2002-03. Las intervenciones gubernamentales en los alimentos y otros mercados agrícolas desalientan otras inversiones más productivas”.

Para cuando se desarrolló una crisis aún peor, en 2005, el gobierno había tenido suficiente de la estupidez del BM y el FMI. Un nuevo presidente reanudó el subsidio para fertilizantes, permitiendo a 2 millones de familias comprarlo a la tercera parte de su precio al menudeo, y adquirir semillas con descuento. El resultado: cosechas abundantes durante dos años, un superávit de un millón de toneladas de maíz y la transformación del país en proveedor de grano al sur de África.

Hace 10 años, el desafío de Malawi al BM habría sido un acto de resistencia heroico, pero inútil. Hoy el entorno es diferente, porque el ajuste estructural ha ganado descrédito en toda África. Incluso algunos gobiernos y ONG donantes que solían apoyarlo se han distanciado del banco. Tal vez la motivación sea prevenir que su influencia en el continente se vea más erosionada al asociarlo con un enfoque fallido e instituciones impopulares en momentos en que la ayuda china fluye como alternativa al Banco Mundial, el FMI y los programas de ayuda de los gobiernos occidentales.

Soberanía alimentaria: ¿paradigma alternativo?

No sólo el desafío de gobiernos como el de Malawi y el disenso de antiguos aliados socavan al FMI y al BM. Organizaciones campesinas de todo el planeta se han vuelto cada vez más militantes en su resistencia a la globalización de la agricultura industrial. De hecho, la presión de los grupos campesinos ha llevado a los gobiernos del Sur a negarse a otorgar mayor acceso a sus mercados agrícolas y a exigir un cuantioso recorte a los subsidios agrícolas de Estados Unidos y la Unión Europea, lo cual condujo al estancamiento de las negociaciones de la ronda de Doha de la OMC.

Los grupos campesinos tienen ahora redes internacionales; una de las más dinámicas que han surgido es Vía Campesina, que no sólo busca “sacar a la OMC de la agricultura” y se opone al paradigma de una agricultura industrial globalizada, sino también propone la soberanía alimentaria como alternativa.

La soberanía alimentaria significa, en primer lugar, el derecho de una nación a determinar su producción y consumo de alimentos y la exclusión de la agricultura de regímenes de comercio global como el de la OMC. También significa consolidar una agricultura centrada en los pequeños productores protegiendo al mercado doméstico contra las importaciones baratas, fijando precios competitivos para campesinos y pescadores, suprimiendo todos los subsidios directos e indirectos y suspendiendo las subvenciones domésticas que promuevan una agricultura no sustentable. La plataforma de Vía también demanda poner fin al régimen de derechos de propiedad intelectual relativos al comercio (TRIP, por sus siglas en inglés), que permite a las corporaciones patentar semillas; se opone a la agrotecnología basada en la ingeniería genética, y demanda una reforma agraria. En contraste con un monocultivo integrado global, Vía ofrece la visión de una economía agrícola internacional compuesta de diversas economías agrícolas nacionales que comercien entre sí, pero enfocadas sobre todo a la producción doméstica.

Alguna vez considerados reliquias de una era preindustrial, los campesinos encabezan ahora la oposición a una agricultura capitalista industrial que los enviaría al basurero de la historia. Se han vuelto lo que Karl Marx describió como una “clase para sí misma”, políticamente consciente, lo cual contradice sus predicciones de extinción. Con la crisis global de alimentos, se han colocado en el centro del escenario y cuentan con aliados y partidarios. Porque a la vez que los campesinos se niegan a desaparecer y luchan contra la descampesinación, los sucesos del siglo XXI revelan que la panacea de la agricultura industrial capitalista globalizada es una pesadilla. Conforme se multiplican las crisis ambientales, se acumulan las disfunciones sociales de la vida urbana industrial y la agricultura industrializada crea mayor inseguridad alimentaria, el movimiento campesino cobra mayor relevancia no sólo para ese sector, sino para todos los que se ven amenazados por las consecuencias catastróficas de la visión capitalista global de organizar la producción, la comunidad y la vida misma.

* Este artículo aparece en la edición de The Nation (Nueva York) del 2 de junio. Se reproduce con permiso del autor.

** Walden Bello es analista y ex director ejecutivo del instituto de investigación y activismo Enfoque en el Sur Global, con sede en Bangkok.

Traducción: Jorge Anaya