Usted está aquí: viernes 18 de abril de 2008 Estados Hostigamiento policiaco-militar en la Costa Chica de Guerrero

■ Buscan más de 600 uniformados a responsables de la emboscada perpetrada en El Salto

Hostigamiento policiaco-militar en la Costa Chica de Guerrero

■ Sobrevuelos de helicópteros, retenes y despliegue de tropas de elite del Ejército Mexicano

■ Fotografían a pobladores, los interrogan y los acusan de ser guerrilleros o narcotraficantes

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)

Ampliar la imagen Uno de los retenes que militares, elementos de la Agencia Federal de Investigación y policías del estado de Guerrero instalaron en el punto conocido como San José la Hacienda, a 30 kilómetros del municipio de Ayutla de los Libres, donde realizan revisiones a pasajeros y vehículos en busca de armas y presuntos integrantes de grupos guerrilleros Uno de los retenes que militares, elementos de la Agencia Federal de Investigación y policías del estado de Guerrero instalaron en el punto conocido como San José la Hacienda, a 30 kilómetros del municipio de Ayutla de los Libres, donde realizan revisiones a pasajeros y vehículos en busca de armas y presuntos integrantes de grupos guerrilleros Foto: Carlos Betancourt / La Jornada Guerrero

Ayutla de los Libres, Gro., 17 de abril. Más de 600 militares y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), así como de las policías Federal Preventiva, investigadora ministerial y estatal hostigan a comunidades de la Costa Chica de Guerrero en busca de los responsables de una emboscada ocurrida en el poblado El Salto el 31 de marzo, en la que murieron cuatro agentes municipales y un civil, informaron dirigentes de organizaciones indígenas tlapanecas y mixtecas de este municipio.

El dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, informó que el sábado anterior en el cerro de El Tigre, en la comunidad Barranca de Guadalupe –a unos 50 kilómetros de Ayutla de los Libres–, “dos helicópteros transportaron en tres viajes a cuerpos de elite del Ejército Mexicano, que bajaron a las comunidades para preguntar a los pobladores por encapuchados o guerrilleros del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) y del EPR (Ejército Popular Revolucionario). Desde entonces no han dejado de sobrevolar”.

Ramírez visitó el martes pasado unas 30 comunidades mixteco-tlapanecas de los municipios de Ayutla de los Libres y de Acatepec junto con representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Secretaría de Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática(PRD) en el estado.

Entrevistado luego del recorrido, efectuado para corroborar las acusaciones de hostigamiento policiaco-militar, Ramírez aseguró que el Ejército Mexicano y corporaciones policiacas incursionaron en los poblados El Limón, La Angostura, El Camalote, Te Cruz, Rancho Coapa, Lomotepec y Barranca de Guadalupe, entre otros, e incluso en comunidades del municipio de Acatepec, donde se ha visto a presuntos paramilitares.

A su vez, Raúl Lucas Lucía, dirigente de la Organización de los Pueblos Indios Na’savi, destacó que militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades indígenas mixtecas de Ayutla. Comentó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa “los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos”.

Agregó que “hace unos días” alrededor de 100 uniformados “recorrieron las comunidades mixtecas. A unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico”.

Durante el recorrido, el indígena tlapaneco Orlando Manzanarez, miembro de la OPIM, señaló que el primero de abril, un día después de la emboscada a los policías municipales, soldados del 48 batallón de infantería, con sede en Ayutla de los Libres, instalaron un campamento. “Se fueron el sábado (5 de abril) y la gente estaba muy asustada por la presencia de los guachos (militares). No quisieron ir a trabajar a sus tierras o campear su ganado. Si salían del pueblo les pedían su identificación y les tomaban fotos”.

Dijo que a otros de sus vecinos “los acusaron de ser guerrilleros. El jueves de esa semana llegaron camionetas con unos 80 elementos de la policía ministerial y fueron al panteón a sacar el cadáver de Alejandro Feliciano Guzmán, informante del Ejército asesinado en enero”.

 
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