Se necesita fortalecer la figura del amparo, señala el ministro José Ramón Cossío
Abogan en foro por una reforma penal que dé pleno respeto a derechos
Según experto de la ONU, tiene alcance limitado el uso del Ejército en tareas policiales
Representantes del Poder Judicial, de la sociedad civil, gobernadores y defensores de derechos humanos se pronunciaron por una reforma en el sistema de seguridad que garantice respeto pleno a las garantías individuales.
José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que es necesario fortalecer la figura del amparo, y señaló que la propuesta del Ejecutivo en la materia sólo contempla “ver cómo se hace frente a la delincuencia organizada”, lo que para el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, puede “generar excesos muy severos”.
Durante el foro denominado Seguridad en democracia, Edgardo Buscaglia, experto en corrupción y delincuencia organizada de la Organización de las Naciones Unidas, enfatizó que la “pobre gobernabilidad” asociada a “debilidad política” se traduce en un aumento de los índices de criminalidad y corrupción, y sostuvo que la utilización de elementos del Ejército para labores policiacas tiene un alcance limitado.
En el acto, organizado por el Grupo Promotor –que forman entre otros el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, Manuel Camacho Solís, Rossana Fuentes-Beráin, Diego Valadés y la ministra Margarita Luna Ramos– participaron los gobernadores de Morelos, y Chihuahua, Marco Antonio Adame y José Reyes Baeza, respectivamente, además del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.
Los primeros admitieron que la corrupción permea instituciones públicas y que la principal batalla del Estado debe ser por la justicia y la seguridad, porque de lo contrario, sostuvo Adame, el sentido de la democracia está “amenazado”.
Ebrard, en tanto, abogó por fortalecer los mecanismos de prevención del delito y el respeto a las garantías individuales. Agregó que, además de reformas penales, se requieren cambios en sectores como el educativo, e indicó que para luchar contra la inseguridad es indispensable un sistema de información nacional que permita a los gobiernos locales el acceso a reportes que les ayuden a instaurar medidas eficientes para este combate.
El gobernador de Morelos también se pronunció al respecto, y resaltó que en México la justicia “no es pronta, no es expedita y no es gratuita”, y que el “talón de Aquiles, la llaga fundamental del sistema de seguridad y justicia del país se llama impunidad”.
Dijo que al no estar definidas las competencias de cada uno de los órdenes de gobierno se diluye la responsabilidad, se erosionan y se generan lagunas entre el orden federal, estatal y municipal, “que son aprovechadas fácilmente por las fuerzas del crimen para avanzar sistemáticamente, a pesar de los esfuerzos y las inversiones que ahora hacemos como país”.
José Reyes Baeza afirmó que los mandatarios estatales deben colaborar con otros órdenes de gobierno y la sociedad civil para alcanzar una convivencia segura, armónica y brindar certidumbre de legalidad.
Previamente el ministro José Ramón Cossío pidió no descuidar la protección de los derechos fundamentales, porque se corre el riesgo de que en el combate a la delincuencia las autoridades incurran en abusos.
En tanto, el ministro Fernando Franco pidió analizar la facultad de investigación que tiene la Corte en materia de violaciones graves a derechos humanos. Sergio García Ramírez, a su vez, consideró –en entrevista– “muy riesgoso” que se esté urgiendo a las cámaras de Diputados y de Senadores para la aprobación de la reforma de seguridad pública “porque estamos en una situación terrible de inseguridad… Hay que exigir a quienes luchan contra la delincuencia que lo hagan con eficacia, con probidad”, sostuvo.
Advirtió que la iniciativa propuesta no brinda una verdadera autonomía al Ministerio Público; no garantiza desde el punto de vista jurídico las actuaciones de la policía y en tercer lugar “genera un doble sistema penal, un ordinario y un especial, en el cual los derechos se reducen”.
Por su parte, el especialista estadunidense en crimen organizado, Bruce Bagley, resaltó que en México los grandes cárteles de las drogas viven un proceso de reestructuración por la lucha que ha emprendido el gobierno en su contra.
También intervino Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión de La Jornada, quien se refirió a la respuesta que el Estado mexicano ha dado a las expresiones de descontento social, afectando a la democracia del país.
La administración calderonista “está estirando la liga más de la cuenta y como la siga estirando la va a romper”, advirtió.
Este foro continúa hoy, y tiene como objetivo fundamental escuchar diversos diagnósticos y propuestas a fin de incidir en la propuesta de seguridad pública.